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Mientras el partido de Gobierno, PSUV, guarda silencio, la fiscal general Luisa Ortega, de notoria afinidad chavista, ha denunciado la “ruptura del orden constitucional”. En sus manos, las de una chavista confesa, queda ahora un proceso legal que podría terminar en la destitución del Supremo de Justicia.
LA OPOSICIÓN LA PROTESTA