Tres lecciones de una sesión interminable
de reformas legales. Es una de las evidencias que dejó el juicio al excontralor Carlos Pólit tras el proceso de interpelación que llevó el pleno de la Asamblea, el domingo hasta la medianoche.
El debate se dividió en tres partes y dejó el mismo número de pendientes: procesos en marcha, reformas a normativas y nuevas responsabilidades que se deberán cumplir en el transcurso de los próximos días.
La primera parte estuvo marcada por la moción de censura presentada por el interpelante, Daniel Mendoza, asambleísta de PAIS. Su propuesta tuvo el voto favorable de 132 de los 133 legisladores presentes. Solo Marcelo Simbaña (CREO), se abstuvo. (ver entrevista)
La moción no solo que censuró a Pólit sino que, además, dispuso que el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización durante la sustanciación del juicio político sea puesto en consideración de la Fiscalía.
Ese paso despierta una interrogante entre los miembros de la oposición: ¿para qué se necesita esa información cuando se sabe que la Fiscalía ya investiga a Pólit?
Además, dicta la decisión gubernamental, la censura al que ha sucedido con el excontralor. Coincidieron en que es necesario regular el funcionamiento de esa instancia.
Celi insistió en impulsar una consulta popular para que la ciudadanía decida si el Consejo debe seguir en funciones.
El oficialismo hizo otra propuesta de reforma para el Código de la Democracia. El legislador Manuel Ochoa dijo que se debe fijar una “verdadera sanción política a las autoridades que sean censuradas”. Planteó una “muerte civil”.
Dicha muerte hace que el sentenciado no pueda ejercer ningún cargo público por cinco años. “No es posible que una autoridad con el simple hecho de renunciar antes de ser enjuiciada reciba solo la sanción de censura y no tenga una pena”, afirmó.
¿Hay más responsables en el
Se reformaría la Ley de la Contraloría para mejorar las sanciones Los asambleístas creen que el exfiscal, Galo Chiriboga, debe responder