La burocracia es la cruz de la fiscalización

El CAL analiza el nuevo reglamento para el control político

Trabas. Siempre se las quiere eliminar en cualquier ámbito, pero en el caso de algunos asambleístas ese espíritu no funciona cuando de fiscalización se habla en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analiza el nuevo reglamento interno para el proceso de fiscalización de los legisladores, documento que levanta reparos.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, adelantó como novedad dentro del reglamento que los asambleístas, quienes requieran información para la fiscalización de funcionarios públicos sujetos a control político, deberán informar cada trimestre el uso que han dado a esa información.

Esta disposición, a criterio del legislador de la alianza PSC - Cambio y vocal del CAL, Luis Fernando Torres, no está en la Constitución ni en la ley por lo que no puede incluirse en el reglamento. “Imponer una obligación al asambleísta que no es- tá en la ley y tampoco en la Constitución resulta improcedente”, comentó.

Torres concluye que el documento tiene sus cosas malas y buenas. Por un lado “restringe” el derecho de los legisladores a solicitar directamente información a las instituciones y, por el otro, contempla una realidad: la cantidad de tiempo que destinan algunas instituciones para responder a los pedidos. Esto último, a decir de Torres, podría regularse.

Que los asambleístas no puedan pedir directamente información a las instituciones públicas, no es una novedad. Esta práctica fue implementada por el anterior Gobierno. Lo nuevo es que el actual, que ha instado a los ciudadanos a denunciar la corrupción, recoja esta misma práctica: recibir pedidos de información de los asambleístas solo a través de la Presidencia de la Asamblea.

Para la legisladora por la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, eso constituye una de las tantas limitantes. No obstante, considera que la fiscalización cuenta con un nivel de subjetividad. Por un lado, los Mepreocupaque (presentaruninforme cadatresmeses) puedalimitarlainformación delosasambleístas. funcionarios que envían poca e irrelevante información y, por el otro, los que envían abundante, tal como lo hiciera el contralor subrogante, Pablo Celi, con 130 mil folios de informes de la constructora Odebrecht en Ecuador. “Estoy segura que ni siquiera alcanzará (la Comisión de Fiscalización) a revisar las conclusiones. Eso es inoficioso. Lo que se requiere es información más fundamentada y contrastada”, resaltó.

Ayer estaba previsto que el CAL sesionara para debatir el reglamento; sin embargo, el legislador de CREO y miembro del CAL, Patricio Donoso, informó a EXPRESO que pidió al presidente Serrano que postergara la sesión para tener más tiempo de analizar el documento y recoger las observaciones de sus colegas de bancada. “Él ha aceptado”, confirmó Donoso. Torres también espera sumar a su listado de aportes los que le den el resto de legisladores del bloque socialcristiano. Andrade reconoció desconocer el proyecto y también espera enviar sus comentarios.

Los reglamentos internos de la Asamblea pasan por la aprobación única del CAL.