Naciones Unidas y la Comisión contra la Impunidad
AAl grito de “votaremos” e “independencia”, más de 700 alcaldes de Cataluña mostraron ayer en Barcelona su determinación a organizar el referéndum separatista, pese a las amenazas de investigaciones judiciales. El referéndum está previsto para el 1 de octubre y es convocado por el gobierno regional, pero fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. nualmente, en la segunda semana del mes de septiembre se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el principal órgano deliberativo, y en la que cada Estado miembro tiene un voto.
La Asamblea General, según el reglamento, elige a su presidente para cada período de sesiones, en el que se busca que, al año, quien ocupe ese cargo lo haga de forma rotativa, en el sentido que corresponda a los cinco grupos que se han formado: América Latina y el Caribe, Europa Occidental, en el que consta también Israel y Australia, Europa Oriental, Asia y África.
Los jefes de Estado que desean intervenir en las deliberaciones, se inscriben y pueden tomar la palabra para exponer la opinión del país que representan, sobre la política internacional. Por cortesía, deberían asistir los delegados de todos los Estados miembros.
Nuestro presidente Lenín Moreno va a asistir con una delegación; aunque, hasta el momento no se sabe si se ha inscrito para intervenir. De acuerdo con la información de la canciller, el asunto principal será solicitar al secretario general que envíe una delegación con el objeto de que realice una investigación exhaustiva e imparcial de los actos de corrupción que han afectado al país en estos últimos años. No existe en la ONU una comisión dedicada a esta lucha contra la corrupción. De acuerdo a una petición de Guatemala, se formó lo que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta comisión que fue creada por un acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala, como órgano independiente de carác- ter internacional tras la opinión consultiva favorable de la Corte Constitucional y el Congreso de ese país, tiene la facultad para apoyar al Ministerio Público, la Policía y fiscales y jueces, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. El comisionado a cargo para el período 2014-2016, prorrogado luego, fue el fiscal colombiano, Iván Velásquez Gómez, en representación de la ONU.
Para cumplir las funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la Cicig estaba facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, podía actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Cicig estaba, además, facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.
De acuerdo a lo que he descrito, en caso de firmarse un acuerdo similar con Ecuador, la ONU designaría un coordinador y este experto, en los casos que se determinen, tendrá que trabajar con los fiscales y jueces ecuatorianos y con los demás funcionarios que crea conveniente. Se trata de un paso muy importante que daría el país para el verdadero combate a la corrupción. Debo aclarar que el organismo creado para Guatemala dio resultados insospechados a tal punto que se destituyó y mandó a la cárcel al presidente de la República de esa época, Pérez Molina, y a la vicepresidenta Roxana Almera. Pero la cosa no quedó allí, cayeron diputados, ministros y ahora se está investigando al actual presidente Jimmy Morales y se ha pedido su enjuiciamiento.
Si bien el pueblo guatemalte- co ha visto con agrado el trabajo de la comisión, los grupos políticos han reaccionado en contra e incluso el presidente Morales dispuso la expulsión del delegado de la ONU, pero la Corte de Justicia lo ha impedido. El problema sigue para largo por el estado de corrupción en que se encontraba el Estado guatemalteco.
Somos un poco pesimistas porque si se conforma la comisión y esta actúa como lo han hecho los guatemaltecos, puede armarse en nuestro país un lío tremendo y el primer argumento de los que temen ser implicados sería que se está atentando contra la soberanía absoluta, tesis que sostuvo la canciller en la reunión realizada en Caracas por el grupo ALBA (existe eso todavía) respecto a la situación de Venezuela, cuando se trata de un argumento superado por la soberanía en la era de la globalización, tema que lo explicaremos en otro artículo.