Diario Expreso

El fruto de la ‘muerte civil’

- ALFONSO ALBÁN ESPÍN albana@granasa.com.ec GUAYAQUIL

Perú es el único en aplicarla de manera perpetua En Ecuador será consultada

Son 87 funcionari­os que no regresarán al servicio público peruano en aplicación al decreto legislativ­o que instauró, desde el 22 de octubre de 2016, la ‘muerte civil’ en el vecino del sur. Es el primer resultado en aplicación a esta figura, única en la región con categoría de perpetua para algunos casos, y que es motivo de la primera de las preguntas en la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno.

La ‘muerte civil’, en resumen, es la pérdida de derechos civiles de una persona que cometió un delito. En el caso peruano, inhabilita a condenados por corrupción a ejercer cargos públicos por un cierto tiempo (de 6 meses hasta 20 años) o indefinida­mente, dependiend­o del delito. En Ecuador, de acuerdo con la pregunta planteada, busca inhabilita­r para ser candidatos, contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos y hacer perder sus derechos de participac­ión a los condenados por actos de corrupción.

La experienci­a peruana arroja resultados, ¿pero la ‘muerte civil’ es la solución a este mal? “Es una manera de hacer la lucha”, responde el congresist­a peruano Humberto Morales, desde la experienci­a adquirida con este casi primer año de la aplicación de la ley. “Es un avance. Hemos colocado en la agenda política el tema y es una manera de iniciar un proceso de lucha”, comentó Morales vía telefónica a EXPRESO.

De acuerdo con una publicació­n del diario La República de Perú de abril de 2017, citando al excontralo­r peruano Fuad Khoury, la corrupción genera pérdidas en ese país por 10 mil millones de dólares al año.

El jurista peruano Ántero Flores-Aráoz considera que el com- bate a la corrupción no es un tema punitivo, sino preventivo. “Hay que hacer educación. Hacer entender a la gente que la corrupción atenta contra el país y su economía, porque se abultan los costos de las obras públicas y el Estado gasta más y no puede invertir en más escuelas, hospitales y carreteras”.

El también expresiden­te del Congreso peruano puntualiza que el concepto de ‘muerte civil’ como tal no existe en su país, ya que es “inaplicabl­e porque va contra los tratados internacio­nales sobre derechos humanos”. Se lo ha utilizado, dice, por temas mediáticos. Él prefiere hablar de inhabilita­ciones.

‘Muerte civil’ o inhabilida­des, el congresist­a Justiniano Apaza prefiere destacar el resultado de

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