La judicialización de la salud se discutió en Quito
El tema reunió a expertos en salud y en el área judicial de las Américas
La justicia de por medio para que el Estado entregue las medicinas, aunque estas no formen parte del plan de cobertura pública. Ese fue el tema que la semana anterior reunió a expertos nacionales e internacionales con el fin de intercambiar experiencias sobre la temática que preocupa a todos los países de la región.
Al foro asistieron jueces, re- presentantes de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del sector salud, académicos y sectores relacionados.
La judicialización del acceso a los medicamentos consiste en el uso de demandas para forzar a gobiernos a proporcio- nar acceso a medicinas que no han sido incorporadas en la cobertura pública de salud.
Según lo reporta el Ministerio del ramo en un boletín, estos medicamentos tienen altos costos, por lo que impactan en el financiamiento de los sistemas nacionales de salud. Como consecuencia temas que deberían ser prioritarios resultan postergados.
En ciertos países se ha detectado intereses comerciales detrás del patrocinio de algunas de esas demandas.
Al respecto, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó que “la salud no se puede garantizar por decreto ni por disposición judicial o sentencia; la salud necesita de financiamiento y de la participación ciudadana, de una priorización, necesita límites, y eso es lo que estamos invitados a discutir”.
Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, comprometió el esfuerzo para encontrar respuestas a las preguntas sobre el rol del sistema de justicia en el acceso a la salud, “que no puede quedarse como una definición escrita”.