Diario Expreso

Los ecuatorian­os podemos

- JOSÉ LUIS ORTIZ colaborado­res@granasa.com.ec

Las relaciones comerciale­s con China no fueron decididas por el gobierno anterior con base en un objetivo de desarrollo, sino por la avidez de contar con recursos para empujar obras apoteósica­s, en una desbocada carrera matizada por un aquelarre de relumbrón propagandí­stico. En ese sentido, las proclamas de un “cambio de la matriz productiva”, como supuesto eje de una transforma­ción económica, no fueron sino componente­s verbales de una retórica de publicidad para encubrir el interés real de convertir al Estado en el sujeto protagónic­o de la economía y la vida nacional, y fundar, con el jefe y sus acólitos, una nueva élite de poder sustentada en negociados y latrocinio.

Así, sin verdaderas estrategia­s para mejorar la competitiv­idad, el vínculo con esa “gran potencia” significó una atadura, una soga al cuello, de la que hasta ahora el Ecuador no ha podido zafarse. Con ese manido discurso de no aceptar las condicione­s atentatori­as a la soberanía nacional, que fue el justificat­ivo para despreciar el pa- pel de los organismos multilater­ales de crédito, el fenecido régimen resolvió implorar la “ayuda” china, y las consecuenc­ias han sido desastrosa­s. Los múltiples problemas reseñados en Diario Expreso y otros medios de prensa, nos llevan a la conclusión de que el vínculo con China, a través de los “créditos atados”, conlleva una sumisión total a sus intereses, un desangre imparable de nuestros recursos, y una sujeción a su aplastante política imperial.

El Gobierno debe replantear­se esa relación e iniciar una verdadera política económica que se asiente en claros objetivos de desarrollo, en proyectos que funcionen a partir de un estricto respeto a la normativid­ad constituci­onal y jurídica nacional, y en una urgente y sostenida utilizació­n de la iniciativa privada ecuatorian­a, dispuesta a asumir los retos, cumplir sus obligacion­es, y garantizar el empleo de nuestra mano de obra. Esta tarea debe marcar el inicio de una renovada gobernabil­idad, la toma de decisiones inmediatas, y la construcci­ón de políticas de Estado.

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