Cataluña: mediación internacional no es solución
El 10 de octubre, el presidente separatista de Cataluña, Carles Puigdemont, compareció en el Parlament para proclamar lo que muchos esperaban fuera una declaración unilateral de independencia. Pero finalmente su discurso eludió la cuestión. Pese a afirmar que asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, propuso que “el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia” para emprender un diálogo en las próximas semanas. Su actuación dejó en el aire más preguntas que respuestas, pero eso es exactamente lo que perseguía. Puigdemont no se dirigía a los manifestantes de las calles de Barcelona, ni a los ciudadanos españoles en general, sino que lo hacía a la comunidad internacional. Como sus compañeros separatistas, Puigdemont sabe que la única posibilidad de que el movimiento independentista que encabeza prospere, reside en su internacionalización. Figuras punteras como el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, o el premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, han abogado por el diálogo. Frente a una situación confusa y caótica, ¿qué hay de malo en hablar? La respuesta es, por supuesto, nada. La democracia se fundamenta en el diálogo. En esencia, un sistema democrático es un marco jurídico -sustentado por una Constitución- que facilita el debate y la resolución de disputas. No se trata pues de un modelo estático. Si se identifica una cuestión mayor, la Constitución puede modificarse con rigor y según sus propias reglas. La democracia requiere, así, atención y esfuerzo continuados. Persuasión, alianzas y negociación. Pero ante todo, precisa del compromiso activo y leal de la sociedad que organiza. Cuando se pretende forzar el diálogo más allá de los límites del sistema constitucional, el sistema quiebra. La buena noticia es que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó la intervención europea argumentando, justamente, que ello supondría reforzar a quienes no respetan el Imperio de la Ley. En Europa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pese a la ambigüedad de algunas de sus afirmaciones, ha urgido a Puigdemont a que respete el orden constitucional. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, recalcó que las autoridades autonómicas catalanas habían “optado por ignorar la ley” y que si uno de los tres pilares de las sociedades europeas -“democracia, respeto al Estado de derecho y derechos humanos” -se suprime, “los demás también caerán”. Pero la presión para internacionalizar -o, más concretamente, para “europeizar”- la crisis continuará. Los líderes separatistas catalanes son hábiles y expertos en medios. Saben que las escenas de violencia, o incluso la prolongación de un “impasse”, pueden debilitar la determinación de los líderes europeos de no involucrarse, y que, en una UE enfrentada a la disyuntiva de la primacía intergubernamental frente a la consolidación de un núcleo más integrado, varias capitales pueden contemplar la perspectiva de una España sumida en problemas internos como algo no necesariamente negativo. Los líderes europeos no deben sucumbir a esta tentación. La UE es, fundamentalmente, una construcción de Derecho. Facilitar la degradación del Estado de derecho y la democracia debería ser anatema para sus líderes. Si los cimientos de una democracia en el corazón de Europa se pueden socavar, se pueden socavar en todas partes. Por el contrario, que España supere el reto que enfrenta, reforzará el Estado de derecho.
Cuando se pretende forzar el diálogo más allá de los límites del sistema constitucional, el sistema quiebra’.