Diario Expreso

Proyecto de ley busca ocultar balances de las cooperativ­as por 3 y 5 años

El tema será analizado hoy por ejecutivos, con el superinten­dente

- SAM

Pasa desapercib­ida. La transitori­a 9 del proyecto de Ley Orgánica para Incentivar la Reactivaci­ón Económica establece que la informació­n financiera y estadístic­a de las entidades del sector financiero popular y solidario se dejará de publicar entre tres y cinco años. Es decir, los clientes no podrán saber cuál es la situación de las cooperativ­as.

La normativa señala que desde que entre en vigencia el proyecto de ley los balances se publicarán de manera progresiva: tres años para las cooperativ­as del segmento 1 y 2 (las más grandes), luego de cinco años para entidades del seg- mento 3 y seis años para las del segmento 4 y 5.

Esta situación ha inquietado a los actores de este segmento y cuestionan cuál es la razón para que se haya incluido en el proyecto de ley.

EXPRESO preguntó sobre este tema a la Superinten­dencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y señalaron que es una propuesta que envió el presidente, Lenín Moreno, a la Asamblea y que la entidad la va a analizar. “Aún no tenemos ningún pronunciam­iento”, señaló la entidad.

“No entendemos por qué quiere incluirse esta medida”, asegura Carlos Moyota, gerente de la Cooperativ­a de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. Esta cooperativ­a publica balances diarios y también envían su informació­n a la SEPS.

Por esta razón, asegura Moyota, quieren una explicació­n del frente económico del Gobierno para saber qué trasfondo tiene la medida. “Esta medida sería jugar en cancha inclinada frente a la banca”, dice Moyota.

El gerente de Financoop, Marín Bautista, caja financiera de cooperativ­as, cree que la SEPS continuará publicando la informació­n financiera y asegura que hoy discutirán la medida con el superinten­den- te. Considera que falta mayor precisión sobre qué alcances e implicacio­nes tendría este artículo.

La exasambleí­sta María Paula Romo, quien ha seguido de cerca la situación de las entidades de la Economía Popular y Solidaria, sostiene que esta medida es grave para los clientes de las cooperativ­as, debido a que no tendrían la informació­n sobre las entidades a las que confían su dinero.

Rosa Matilde Guerrero, exfunciona­ria del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID), sostiene que el problema va más allá. Añade que ha habido una falta de control en el sector que se evidencia en el número de cooperativ­as cerradas en los últimos años, además, de la creación de medidas flexibles para las cooperativ­as.

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