La oposición gira la mirada al procurador
Para los legisladores, el retraso en el juicio a Jorge Glas es “inaceptable” Diego García rechazó la decisión del tribunal
Habrá consecuencias. Para los legisladores de la oposición, la declaratoria de abandono de la acusación de la Procuraduría General, en el juicio contra el vicepresidente Jorge Glas y otros ocho acusados, es inaceptable y digna de investigación. Los criterios más conservadores hablan de negligencia de los abogados, otro grupo de asambleístas considera que se trata de un “tongo” de los integrantes de la autodenominada revolución ciudadana y de algunas funciones del Estado.
Héctor Yépez, legislador de Guayas por SUMA, cree que el retraso de siete minutos de los abogados de la Procuraduría no es casual. Bien podría tratarse, dijo a EXPRESO, de un entramado para liberar de culpa al vicepresidente sin funciones. Desde noviembre, Glas enfrenta un juicio por asociación ilícita por supuesta corrupción junto a la constructora brasileña, Odebrecht. Él y su tío, Ricardo Rivera, son acusados de autores del delito.
En caso de ser necesario, confirmó Yépez, solicitará -junto a sus coidearios del movimiento- la comparecencia del procurador general del Estado, Diego García.
Ana Galarza, legisladora de CREO, también es suspicaz en el tema. Ella dijo que le causa “dolor” la situación porque, como en juicios internacionales, los errores o “perlas” de García dejan en “indefensión al país”.
Héctor Muñoz, asambleísta de SUMA, da un paso más. Para él, la actuación del procurador y su equipo es “reprocha- ble” y demanda una respuesta de la Asamblea. Aunque no detalla el camino a seguir, Muñoz asegura que tendrán que hacer un “control político”.
Diego García no está de acuerdo. A sus ojos, el error de sus representantes es imperdonable pero no es parte de una estrategia de la Procuraduría. En rueda de prensa, ayer en Quito, dijo que el abogado que llegó tarde a la reinstalación de la audiencia, el martes, fue removido del cargo. Sus acompañantes son investigados.
Para el procurador, la decisión del tribunal fue exagerada. Aunque está de acuerdo en castigar la impuntualidad -él llegó a tiempo a la rueda de prensacree que no se debía declarar el abandono. También dijo que está seguro de que el Estado no ha perdido su condición de víctima porque debe recuperar, al menos, 37 millones de dólares por reparación. Anunció que apoyará a la Fiscalía en el proceso judicial.