De los delitos y las penas
EDITORIAL
Resulta oportuno traer a tiempo presente el recuerdo del célebre trabajo del jurista italiano Cesare Bonesana, Márques de Becaria, titulado como el presente editorial. Y hacerlo conviene para señalar lo que aunque sabido no siempre tiene un reflejo en las acciones requeridas para actualizarlo: el derecho, dada la vertiginosidad de los acontecimientos e incluso en razón de los avances tecnológicos se vuelve obsoleto y requiere una permanente puesta al día.
Ello que ocurre con las normas jurídicas en general es más visible en lo referido al Derecho Penal donde su actualización tiene necesariamente que tratar de seguir el ritmo de la sofisticación delincuencial.
Así, frente a la constante aparición del fenómeno de la reinciden- cia parece conveniente desestimularla con un incremento de la pena.
Por supuesto, sobre el tema, es conveniente, continuando con el pensamiento de Becaria, tener en cuenta su visión al respecto, y es de esperar que por ello y otras razones siempre se genere debate alrededor de propuestas semejantes.
Sin embargo, en el caso de los asaltos a camaroneras o el robo de motores de embarcaciones pareciera que el asunto va más allá del simple acto delictivo, orientado a obtener un beneficio económico y convendría investigarlo a fondo, dado que hay indicios que lo vinculan a estructuras mafiosas conectadas con el tráfico de estupefacientes pero, también existe la sospecha de que los atentados sean parte de una competencia desleal.
En cualquier caso, queda claro que sea cual fuera la motivación, los delitos referidos están adquiriendo por su frecuencia el carácter de una real epidemia delincuencial que afecta en alto grado al sector camaronero y pesquero que, pese a los esfuerzos hasta hoy cumplidos, no tiene la capacidad de garantizar que el fruto de su trabajo se encuentre debidamente protegido, sin la cooperación de las autoridades respectivas.
A la fecha, ingentes recursos han sido destinados a la instalación de mecanismos de seguridad pero, en la práctica, está claro que han resultado absolutamente insuficientes.
Ojalá, una acción coordinada de productores y autoridades establezca las garantías requeridas para que el trabajo productivo tenga en su desarrollo las seguridades que merece y que a la fecha son precarias. La reforma legal parece imprescindible.
Es imperativo atender las demandas de seguridad del sector camaronero’.