La reconstrucción sigue con muchas cuentas pendientes

Legisladores opositores piden la comparecencia del exsecretario del Comité de Reconstrucción ❚ Hay dudas por el uso que se ha dado a los recursos públicos

Tres años. Eso debe tomar, según las previsiones oficiales, la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El anterior Gobierno calculó en 3.344 millones de dólares el costo de este trabajo.

Hasta septiembre pasado, el Estado ya asignó $ 2.812,8 millones para gastos e inversiones, según la última información disponible (ver gráfico). Ahora, sin embargo, se piden cuentas por el uso de esos recursos. El tema volvió al radar público la semana pasada, después de que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reconociera que se tomaron 300 millones de dólares de la cuenta de la reconstrucción para cubrir las necesidades de liquidez del presupuesto estatal. Una operación que, según Finanzas, está amparada por la ley.

EL DETALLE Informe. Ayer el Comité de la Reconstrucción entregó un informe de ejecución a la vicepresidenta Alejandra Vicuña. El documento no se hizo público.

El control viene por tres vías: la Contraloría General, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación, a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Hasta la fecha, en la Contraloría se han ejecutado y aprobado 57 auditorías en la Vicepresidencia de la República, así como a los gobiernos locales de El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Carchi. En general, se aplicó esos exámenes al uso de los recursos institucionales y de los provenientes de las donaciones.

Y al momento, la entidad de control tiene en ejecución 12 exámenes especiales a escala nacional, confirmó ayer EXPRESO.

Uno de ellos es a la gestión del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva que, hasta el viernes, estaba dirigida por Carlos Bernal. Él presentó su renuncia.

Tanlly Vera, asambleísta manabita de las filas de CREO, cree que hay varias irregularidades y vacíos en los informes oficiales. En diálogo con este Diario, ella comentó que una de sus dudas es la creación de las 50.000 plazas de empleo que dice el Gobierno. “Hasta el momento no hay una respuesta coherente. En Manabí lo que más falta son plazas de empleo”, aseguró.

También le preocupa la inversión social. “Lo curioso es que si los recursos suman más de 2.800 millones, todavía hay miles de familias viviendo en carpas de plástico”. Vera habla de unas 16.000 familias en esta situación.

Por eso insiste en la comparecencia en la Asamblea del ministro de Finanzas (ojalá este jueves), así como del exsecretario técnico de la reconstrucción. Antes de renunciar a su cargo, Bernal reconoció que en el último semestre de 2017 se paralizaron obras, como el puente de Jama o la vía de ingreso al cantón Sucre, dijo Vera. Y espera explicaciones.

Vera no es la única. Guillermo Celi, de SUMA, también pidió al ministro de Finanzas el detalle de las transferencias realizadas a instituciones públicas para obras de reactivación y reconstrucción. “¿Dónde está la plata de la reconstrucción?”, insistió en redes sociales, “seguiré fiscalizando con firmeza los recursos de la reconstrucción, plata de los damnificados del 16A”.