El juzgado ampara pedido del SRI sobre activos
el SRI rige desde el pasado 20 de noviembre. En ella no solo se plantea esta obligación para las empresas sino también para las personas naturales que tengan activos (en efectivo o papeles que puedan volverse líquidos) iguales o superiores a los $ 100.000. Ante esto, ayer los representantes del sector industrial, del comercio y de la construcción asistieron al Complejo Judicial de La Florida Norte para presentar su rechazo a esta norma que, según consideran, viola el derecho de la intimidad económica de toda persona y un principio de constitucionalidad por querérsela aplicar de forma retroactiva.
Según el SRI, la medida se basa en el artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario, que dispone que para la información que requiere la administración tributaria “no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible”. No obstante, para los empresarios la entidad estaría abusando de sus facultades de solicitar información, con el fin de ejercer control en el pago de impuestos. “Distinto sería si el SRI a ‘Juan Pérez’, en un caso concreto donde ya lo está investigando, le pide que le entregue información sobre sus activos. Pero esta orden que se está expidiendo es tan general que ni siquiera está asociada con la determinación de un impuesto concreto o el pago de un nuevo impuesto”, dijo Eduardo Carmigniani, abogado que representó a los gremios empresariales durante la audiencia.
Juan Carlos Díaz-granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), dijo que apelarán esta medida que, además de forma ilegal”, se pretende aplicar de forma retroactiva, una modalidad que, para el SRI sí sería aplicable “cuando se trata pedidos de información y deberes formales”.
Según la resolución, el primer reporte con información relacionada al año 2014, debía entregarse a finales del 2017, pero el SRI en una nueva orden dictada el pasado 27 de diciembre, prorrogó la fecha de entrega hasta el 28 de febrero de este año. El informe de los otros años se recibirá de forma progresiva hasta mayo.
Juan Miguel Avilés, director regional del SRI, dijo a EXPRESO en una entrevista, que la información que pueda recopilarse podría servir a las autoridades para elaborar un estudio que permita transparentar la cantidad de recursos que existen en el exterior y con ello incentivar el retorno voluntario de este dinero. No obstante, los empresarios no creen que esta sea la vía para lograrlo. La aplicación de esta norma, dicen, agravaría la estabilidad jurídica para atraer la inversión extranjera que requiere el país.
LA FRASE Estamos en contra de requisitos que se dictan fuera de toda norma que afectan la seguridad jurídica.