Las dudas en torno al caso Baca
Un legislador de CREO quiere que el fiscal comparezca ante la Asamblea ❚ Los denunciantes le piden que responda si recibió o no dinero de gastos reservados
LA IMAGEN
Hay dudas. El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, está a cargo de la investigación de los casos más graves de supuesta corrupción. Pero él mismo está bajo indagación por un presunto delito de peculado, en la oficina de la fiscal subrogante Thania Moreno.
Denunciantes y políticos coinciden en que la imagen del fiscal ha sido golpeada. Desde el ámbito judicial el mensaje es de mesura: el caso está recién en fase preprocesal.
Luis Pachala, asambleísta de CREO, es radical. Para él, el fiscal “debe pedir licencia o, de plano, abandonar su cargo”. El legislador cree que la “probidad del fiscal” está en entredicho.
En la próxima sesión del pleno de la Asamblea pedirá la comparecencia del funcionario. Quiere que Baca Mancheno explique el supuesto pago que recibió, en 2014, con fondos reservados mientras era parte de la Comisión de Investigación del 30S. Ese hecho es el que, según los denunciantes, configuraría el delito.
Hasta ahora, el fiscal y el contralor general, Pablo Celi, han negado la existencia de un informe de responsabilidad que hable de peculado. Lo que ninguno de los dos ha dicho, hasta ahora, es si existió o no ese pago con fondos reservados.
Incluso, el miércoles por la tarde, Celi ya respondió al requerimiento que hizo Moreno. Él ratifica tres cosas. La primera, que no se ha suscrito informe alguno con indicios de responsabilidad penal en relación con los gastos especiales. La segunda, que no existe oficio alguno de remisión a la Fiscalía de un informe en ese sentido. Y, tercera, que no existe expediente alguno por ese caso.
El activista Fernando Villavicencio
En el plano político siempre va a ser motivo de impugnación la presencia del fiscal en los juicios que ha venido impulsando. En el plano jurídico, está en etapa de indagación y va a demorar. Creo que la investigación no se va a cerrar solo con las contestaciones (de Contraloría y Senain). La fiscal incluso podría esperar el resultado de la nueva auditoría a los gastos especiales.
El abogado constitucionalista Gustavo Medina y el exfiscal Franklin Bravo coinciden en que el proceso recién ha iniciado y todavía no hay nada en firme. “Establecer cualquier irregularidad que podría haberse cometido y las responsabilidades está por verse”, señaló el primero. Bravo añade que el caso no tendría por qué afectar otras investigaciones. “No es la primera vez que se abre una investigación contra un fiscal general”, dijo. Mariana Yépez, exfiscal general, tampoco cree que esa denuncia “incida en la objetividad con la que deben actuar todos los fiscales”.