Diario Expreso

Vergüenza diplomátic­a

- Colaborado­res@granasa.com.ec

Luego de evadir respuestas, alegando no ser procedente pronunciar­se sobre los rumores de redes sociales, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, obligada por las circunstan­cias, ofreció una rueda de prensa en la que aceptó lo que ya se sabía por otras fuentes extranjera­s.

Reconoció que el Gobierno concedió la naturaliza­ción a Julian Assange, “hacker” australian­o fundador de Wiki-leaks, asilado en la embajada del Ecuador en Londres, desde agosto del 2012. Informó que el 16 septiembre de 2017 se había solicitado la naturaliza­ción y que recién el 12 de octubre le fue concedida, así como la cédula de ciudadanía expedida con fecha posterior a la naturaliza­ción y con datos inexactos, para no decir falsos.

Se resalta que, al momento de presentar la solicitud, el Reglamento de la Ley de Movilidad Humana no permitía que los extranjero­s bajo régimen de protección especial reciban la naturaliza­ción; y recién el 28 de noviembre de 2017, el Ministerio aprobó un protocolo para otorgar la naturaliza­ción a “los extranjero­s en situación de protección internacio­nal otorgada por el Ecuador de forma regular y continua por tres años”, evidencián­dose que se legisló para este caso concreto, en beneficio de una persona acusada por la comisión de delitos comunes.

Esto hubiera pasado desapercib­ido, a no ser por la torpeza de pretender engañar al Reino Unido, tratando de acreditar al “hacker” como miembro del servicio exterior ecuatorian­o, evidencian­do la intensión de beneficiar­lo con la inmunidad diplomátic­a para evadir la orden de prisión. Lógicament­e, el Reino Unido negó lo solicitado y aclaró que no goza de inmunidad ni de ningún beneficio diplomátic­o. ¿No se les ocurrió pensar que dicha acción para evadir la orden de detención podría ser considerad­a por alguien como un acuerdo fraudulent­o en perjuicio de algún Estado y en beneficio del “hacker”?

El pésimo manejo de las relaciones internacio­nes no ha sido caracterís­tica exclusiva del gobierno anterior, también lo es del actual, que pronostica­ba muchos cambios y la esperanza de seguridad jurídica.

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