Los deberes incumplidos
EDITORIAL
Dentro de apenas dos semanas, esto es el 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano volverá a ser consultado respecto de temas vitales para la buena marcha de la República. ¿Tiene el pueblo ecuatoriano los requerimientos intelectuales y cívicos necesarios para decidir asuntos tan importantes como los que están por someterse a su consideración?
Es deseable que esa inquietante pregunta pueda ser respondida positivamente pese a los equívocos evidenciados por el soberano en asuntos electorales igualmente importantes, tal cual la selección de sus legisladores.
La duda cabe, analizando lo cumplido por la Asamblea Legislativa a lo largo de estos últimos once años.
Pese a la galopante corrupción sufrida durante ese lapso, ahora asumida como tal por una mayoría ciudadana, la Asamblea Legislativa no cumplió una de sus atribuciones y deberes fundamentales, contenida en el artículo 120 numeral 9 de la Constitución vigente: “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.
Podrá argüirse que ello no se hizo porque precisamente se restringió la información a que el artículo antes citado alude pero, ello no convalida la ausencia del rol fiscalizador de la Asamblea.
Hay ahora un exvicepresidente y algunos exministros guardando prisión, y los llamados a enjuiciamiento político, cuando por excepción se dio paso a ellos, se convirtieron
La recuperación democrática a la el pueblo ecuatoriano aspira, no se podrá alcanzar si la Asamblea incumple su rol fiscalizador’.
en un sainete absolutorio con alfombra roja incluida. Esa actitud trasformó a la Comisión de Administración Legislativa en Comisión de Archivo, que hoy permanece oficiando de sumo sacerdote guardián de los actos de corrupción que acumuló el gobierno anterior durante una década y es sumamente ingrato observar cómo la mayoría se mantiene, pese a la aparente fragmentación del partido oficial, para impedir que se ventilen asuntos inherentes al combate a la impunidad.
Así se incumple el control de la acción del gobierno y como los otros organismos del Estado con función semejante mantienen el rol encubridor que les otorgó el gobierno anterior, la certeza de la impunidad garantizada ha dado lugar a un rebrote de la corrupción pues, como bien saben los ecuatorianos: en arca abierta...