Ochoa frente a un juicio político y la destitución
La Comisión de Fiscalía será notificada hoy, anunció José Serrano ❚ La Contraloría ratificó la sanción e impuso una multa
El superintendente de Comunicación, tambalea. Carlos Ochoa recibió dos malas noticias: ayer la Contraloría le notificó con la ratificación de su destitución y en la Asamblea se dio paso al pedido de juicio político.
Aunque deje el cargo ahora por la resolución del organismo de control, aún tendrá que responder ante los legisladores que tienen la potestad de censurarlo hasta un año después.
La historia con la Contraloría empezó el año pasado por las irregularidades cometidas en su paso por Gamatv. En diciembre,
EL DETALLE Gestión. Carlos Ochoa fue posesionado en octubre de 2013. Desde entonces inició 44 procedimientos en contra de Diario EXPRESO y Diario EXTRA.
la entidad emitió un informe con responsabilidades administrativas y lo sancionó con la destitución y multa. Él presentó sus pruebas de descargo pero la Contraloría cree que no logró desvirtuar las acusaciones. Por eso, se ratificó en las sanciones.
El efecto de la orden de destitución es que el funcionario público implicado no puede ejercer ningún cargo público por dos años. La multa asciende a $ 7.720, que corresponde a 20 salarios básicos, el valor máximo permitido por la ley.
La resolución de destitución también fue notificada al Consejo de Participación -como entidad nominadora y estará en funciones hasta que se hagan oficiales los resultados de la consulta- y al Ministerio de Trabajo.
En el Legislativo, el panorama tampoco es alentador para Ochoa. La tarde de ayer, por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político firmada por 53 legisladores.
Cinco de los seis vocales del organismo, que estuvieron en la sesión, votaron a favor: José Serrano, de PAIS; Carlos Bergmann y Verónica Arias, de los aliados del oficialismo; Luis Fernando Torres, del PSC, y Patricio Donoso, de CREO. Votó en contra Soledad Buendía, por decisión de los ex PAIS que ahora integran un bloque independiente.
Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, de CREO, acusan al funcionario por interpretación extensiva y aplicación discrecional de la Ley de Comunicación, abuso de autoridad, atentado contra la propiedad privada, permisividad ante el uso de dinero público, uso del Estado para intereses privados y sanción con base en normas inexistentes, como contó EXPRESO el viernes.
Ayer, Donoso calificó a Ochoa como un “mal funcionario”. Torres consideró que “la inquisición mediática levantada con la inconstitucional Ley de Comunicación está llegando a su fin”. Para Villamar, el “hecho que tengamos cinco votos para iniciar el proceso es una buena señal”. Cuesta remató: “Ahora Carlos Ochoa deberá rendir cuentas por sus abusos a los ciudadanos en el Pleno de la Asamblea”.