HACE 2 AÑOS,
Ángel Chóez compró una moto usada en $ 600. Fue retenida por no tener placas. El retiro le representa $ 21 por 7 días en canchón, $ 45 por matrícula, $ 65 por cambio de dueño y $ 45 por permiso laboral.
Esto es lo que la ATM debe resolver antes de que colapsen los centros de retención y para ello baraja algunas opciones.
La Ley de Tránsito autoriza la chatarrización de las motocicletas que tienen más de tres años de abandono, un ritmo que no conviene a Guayaquil, tomando en cuenta que a las instalaciones de Fertisa y Los Vergeles apenas le queda un 10 % de capacidad disponible.
En 2017, la ATM presentó al Concejo Cantonal un proyecto para disminuir a 180 días ese proceso, lo cual no se concretó por cuestiones legales.
El director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito, Édgar Lupera, indica que trabajan en la implementación de un sistema para generar procesos de cobro y rematar en lote las motos para su chatarrización en un lapso de 180 días. A su criterio, esa figura no se contrapone con la ley.
La propuesta incluye un avalúo de cada motocicleta, que determinará si se extingue la deuda con el usuario o hay que realizar un reembolso.
“La idea no es cobrar sino descongestionar los patios. Nos estamos quedando sin espacio”, dice.
El fiscal 3 de Actuaciones Administrativas del Guayas, Walter Suárez, coincide en que la chatarrización es la principal opción.
“No es adecuado que esas unidades tengan como destino el mercado negro, porque tendríamos en la calle un problema mayor”.
El dirigente del colectivo Tejido Social de Guayaquil, Gelacio Mora, sostiene que la solución es declararlas en abandono, partiendo de que un alto porcentaje circula de forma ilegal. “Son bienes que no se pueden donar, peor comercializar, por lo que deben chatarrizarse al menos cada cuatro meses”.
Sin embargo, hay otras causas que inciden en el problema, como la cantidad de vehículos que sale a las calles sin la respectiva matrícula. O la falta de acceso del usuario a un sistema que le permita realizar trámites en línea y así reducir los tiempos.
Precisamente, uno de los problemas que encontró la ATM cuando asumió la competencia, hace tres años, es que un alto porcentaje de las motos no tenía matrícula.
Ante ello, una ordenanza del 27 de octubre del 2017 reguló la comercialización de los vehículos livianos. Así, solo 19 casas comerciales están autorizadas en Guayaquil para vender motos, con el compromiso de que deben salir del almacén con la placa, matrícula y demás documentos en regla.
“Antes se comercializaban hasta en panaderías, tiendas y sastrerías”, recuerda la directora de Registro Vehicular, Sandra Garay.
Y es que parte de las adquiridas de esa manera están en los canchones porque los propietarios no pueden justificar el bien, ya que algunos de estos negocios eran solo temporales.
La disposición, sin embargo, se choca con el hecho de que los vehículos se venden libremente en los cantones vecinos.
A criterio de Lupera, para que el proceso tenga el resultado anhelado se requiere de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dialogue con los otros municipios para la regulación de las casas comerciales. Considera que así habrá una estadística real de la cifra de motos que recorren la urbe.
Otro aspecto a considerar es que el propietario debe ser informado con claridad de que su deuda no se extingue solo porque abandona el vehículo. Al menos, así lo pensará un poco antes de comprar otra moto.