Los temporales mandan en la institucionalidad
Diez entidades están en manos de funcionarios subrogantes, encargados o prorrogados ❚ En tres casos, la elección depende de ternas del Ejecutivo
La institucionalidad ecuatoriana está enmarcada por el sello de la provisionalidad porque el mando en diez entidades vitales para el país se encuentra en manos de funcionarios temporales o porque son subrogantes, entraron en funciones prorrogadas o están encargados hasta que se designe a sus titulares.
Quienes estaban al frente de esas entidades, en unos casos fueron cesados y están prófugos de la justicia, como el excontralor Carlos Pólit; en otros, perdieron el cargo en juicios políticos, como el exfiscal Carlos Baca Mancheno; o se prorrogaron en sus funciones porque no hay alguien que los reemplace, pues los concursos no se realizaron, como es el caso de tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). En las superintendencias de Economía Popular y Solidaria, de Comunicación y la Defensoría del Pueblo, el cese de funciones de sus titulares se dio por decisión del Consejo Transitorio, que al evaluar su gestión decidió removerlos.
En los últimos tres casos, la pérdida del cargo fue por no posesionarse en el plazo que correspondía (Patricio Rivera), estar involucrado en actos de corrupción (Carlos Ochoa) o haberse resistido al proceso de evaluación, como es el caso de Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo.
Aunque los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) aún no han sido cesados ni están en funciones prorrogadas, porque su período termina en enero del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispuso la suspensión del concurso para elegir a los fiscales provinciales que debían dejar ayer sus cargos. Se desconoce todavía si continuarán en funciones prorrogadas los actuales o se nombrará a encargados.
Esta es la situación del país cuando se cumplen tres meses desde que los ciudadanos decidieron en las urnas, el 4 de febrero El Consejo está haciendo su trabajo, pero no es fácil reconstruir la institucionalidad resquebrajada. pasado, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la elección de uno transitorio que evalúe a las autoridades que designa y, de ser el caso, los cese en sus funciones antes de que culmine el período para el cual fueron elegidos.
El abogado Xavier Castro Muñoz, experto en derecho civil y comercial, considera que hay que tener paciencia porque “no es fácil hacer una reinstitucionalización del Estado después de la nefasta década correísta”. Considera que es mejor tomarse las reparaciones con tranquilidad y no cree que lo que ocurre afecte la seguridad jurídica. Más bien, dice, la robustece.
Los constitucionalistas Roberto López y Enrique Herrería, por su parte, concuerdan en que la tarea de restituir la institucionalidad es dura y puede tardar un poco porque aún hay que remover a correístas como el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y otros que están en la Justicia.
“Hay que cesar al Consejo de la Judicatura porque ese es el bastión más importante que le queda al correísmo, que controla aún a los jueces que puso a través de concursos amañados”, dice Roberto López.
Según Herrería, el pueblo que respaldó los cambios con su voto debe estar atento para apoyar al Consejo Transitorio en su tarea depuradora, porque existen rezagos del correato que están intentando torpedear el proceso.
López cree que el Ejecutivo debe ayudar al Consejo en su trabajo, con el envío de las ternas que le corresponden para elegir al procurador y a los dos superintendentes cesados.
Los tres creen que la tardanza en la elección de nuevas autoridades se debe a que hay mucho trabajo por hacer.
EL DETALLE El Consejo Transitorio tiene dos meses en funciones y, según la ley aprobada por la Asamblea, sus miembros titulares se elegirán por votación popular en 2019. LAS FRASES El Consejo tiene que evaluar y cesar, pero el Ejecutivo en el caso del procurador y de los superintendentes debe enviar ternas .