Una reforma a medias de la Ley de Comunicación

Conceptos subjetivos preocupan a expertos y periodistas ❚ Hoy, a las 18:00, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto calificar el proyecto

Salvo el Gobierno, nadie quedó del todo conforme. El proyecto de reforma de la Ley de Comunicación, enviado por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, todavía puede ser mejorado. En eso coinciden los gremios periodísticos y expertos en derechos humanos. Punto aparte son los correístas y sus aliados, quienes ven como un retroceso las modificaciones.

El Ejecutivo plantea, como los puntos más importantes, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y del linchamiento mediático, la supresión de la obligación que tenían los medios de difundir “hechos de interés público” (sin que exista una definición de ello), así como de los defensores de audiencias. Eso, dicen los consultados, es positivo.

“Es un avance”, dijo Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), a EXPRESO. “Es un gran paso adelante”, complementó César Ricaurte, director de la onegé Fundamedios.

Ellos, sin embargo, también identifican algunos vacíos. A Rocha le preocupa que la reforma contiene conceptos demasiado amplios, por ejemplo, sobre discriminación o pornografía, que podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas en la aplicación de la norma.

Con él coincide la catedrática universitaria Daniela Salazar, quien ensayó un apretado análisis de la reforma en sus redes sociales. Ella añadió otro motivo de duda. “No me convence la amplia definición de ‘medios de comunicación social’. ¿Podría incluir, por ejemplo, a blogs?” preguntó.

En esa misma línea menciona que se eliminaron los condicionamientos previos a la información, pero se los reemplazó por uno amplio: información de calidad. “Criterio vago que permite ejercer rectificación, cuando solo se puede rectificar información falsa o errónea”, dijo.

Otro motivo de preocupación para el representante de la prensa escrita es que la propuesta de Moreno mantiene el concepto y el porcentaje (5 %) de los contenidos denominados interculturales. Rocha considera que también es necesario aclarar qué incluye esa información.

Y aunque la propuesta de reforma elimina la Supercom (cuyas resoluciones y multas, como contó ayer este Diario, serán revisadas) las competencias de regulación pasan a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (actual Cordicom).

Este último organismo (que estará presidido por el delegado del Ejecutivo, con voto dirimente, e incorporará a un delegado de la academia) será el encargado de decidir qué es o no discriminatorio en los medios nacionales. Esa potestad, dice Rocha, debería ser precisada.

LA CIFRA 80 ARTÍCULOS y 10 disposiciones (generales y transitorias) tiene la reforma de la norma. FRANCISCO ROCHA, director ejecutivo de la Aedep En esencia la reforma guarda el espíritu de quienes la crearon. Eso significa que, de alguna manera, quieren controlar a los medios porque las sociedades democráticas no tienen Ley de Comunicación.

El rol de la Defensoría, como el ente encargado de tramitar las quejas contra los medios, también genera inquietud. Ricaurte, sin embargo, es optimista. Cree que la tarea de esta institución será vigilar el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión. Y “no es lo mismo imponer sanciones administrativas que ponderar derechos”, dijo a este Diario.

Los simpatizantes del expresidente Rafael Correa defienden todavía la existencia de la Supercom. Entre ellos está, por ejemplo, Verónica Arias, militante de ARE. Fue el líder de su agrupación, Bolívar Castillo, quien en 2013 propuso la creación de esa institución.