Cientos de jueces y fiscales en entredicho por el 30S y otros juicios
El 14 se reúne la mesa para investigar a los operadores de justicia
Fiscales y jueces que investigaron y condenaron a los procesados en los casos 30S, los 10 de Luluncoto, los tres de Cotopaxi o los estudiantes del Mejía serán investigados por el Consejo de la Judicatura Transitorio.
Este organismo formó una mesa de persecución política y reparación que ha empezado a documentar los casos. El ofrecimiento es que se hará una investigación profunda para sancionar a quienes usaron la justicia para imponer condenas.
Solo en el caso de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, en la que hubo centenares de militares y policías procesados, existirían más de 250 jueces que conocieron los casos. A ellos se suman fiscales de primer nivel que dictaron instrucciones por sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos y hasta tentativa de magnicidio.
La asociación de víctimas pidió el martes a la Judicatura que aplique sanciones. Los defensores de los procesados, encabezados por Óscar Ayerve, creen que en su trámite y resolución hubo injerencia de funcionarios de los ministerios de Justicia y del Interior y del propio Consejo de la Judicatura en el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
Y no es solo percepción de ellos. Zobeida Aragundi, actual vocal del Transitorio, recordó que cuando estuvo en el libre ejercicio pudo constatar esa situación. Ella reiteró que en esos casos hubo presión constante a los jueces y fiscales.
Fabián Salazar fue uno de los fiscales que conocieron el caso 30S. A él no le preocupa la investigación porque “yo no soy corrupto”, señaló.
Jimena Mena y Gustavo Benítez conocieron los expedientes por pérdida de evidencias y magnicidio, respectivamente. Benítez fue quien consiguió que seis policías sean sentenciados a 12 años de cárcel. Su actuación en ese caso fue uno de los reparos que se pusieron a su nombramiento inicial como fiscal provincial de Loja.
Otros como Luis Enríquez y Miguel Jurado investigaron también la revuelta policial y posteriormente fueron elegidos jueces de la Corte Nacional.
En otros procesos como el de los estudiantes del Mejía, abogados iniciaron acciones. Es el caso de Gonzalo Realpe, quien denunció al exministro del Interior José Serrano, al extitular de la Judicatura Gustavo Jalkh y a dos jueces por torturas.
Ellos han sido llamados a declarar en la Fiscalía el 13 de agosto desde las 09:30. La mesa para investigar la conducta de los operadores de justicia tendrá su primera reunión el próximo 14 de agosto, informó el vocal Juan Pablo Albán. El martes abogados y familiares de víctimas judiciales del 30 de septiembre de 2010 denunciaron injerencia y manipulación de casos contra policías y militares.
LA CIFRA 12 AÑOS de cárcel fue la sentencia más alta impuesta a los policías del 30 de septiembre. VISITA