Diario Expreso

“Es necesaria una postura regional que diga que Venezuela viola derechos”

- ALFONSO ALBÁN ESPÍN albana@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Después de una amenaza de muerte, cualquiera pensaría verla caminar por lo menos con un policía junto a ella. Pero no. Gina Benavides prefiere caminar sola, pese a que le han ofrecido protección pública. Y así, escoltada por dos funcionari­os de la Defensoría del Pueblo del Guayas, llegó a la dependenci­a en Guayaquil para hablar unos minutos con EXPRESO sobre la ola migratoria de venezolano­s que llega al país. − Una ola migratoria no es nueva. Los ecuatorian­os tenemos experienci­a en eso. Si echamos un vistazo a la historia, hoy es el tema de los pasaportes, ¿mañana qué puede ser? − La jueza constituci­onal fue superclara. El problema no es solo de ingreso, sino de todo el ciclo del proceso migratorio: el ingreso, la permanenci­a, la salida, procesos de retorno. En cada una de estas etapas puede haber vulneracio­nes de derechos. Ya estamos viendo los problemas operativos en los procesos de ingreso. Puede haber procesos de exclusión y hasta de cierres de fronteras. − Si vamos por etapas, ¿qué inconvenie­ntes se pueden producir en la permanenci­a? − El problema de la regulariza­ción. La Cancillerí­a ecuatorian­a establece que ha expedido 90 mil visas. Que tiene 35 mil en trámite y tras las medidas que tomaron a partir del acuerdo hubo mucha gente que se quedó en situación de irregulari­dad. El principal problema es que tendrán dificultad­es en el acceso a servicios, un proceso de imposición de multas que en muchos de los casos llegan a un salario mínimo vital. Eso a la larga lo que traerá son procesos de deportació­n. En ese marco vamos a ver todo el aparato del Estado que empezará a funcionar con el sistema de redadas, batidas y procesos de deportació­n. Esto es preocupant­e. − ¿Se puede hacer algo para no llegar a ese extremo? − Ante eso lo que debería establecer­se es una política de regulariza­ción. Siempre es lo recomendab­le en materia de movilidad, porque para un Estado es mil veces preferible tener población documentad­a a población que esté en situación irregular. Eso no le permite incluso ni diseñar sus políticas públicas porque no sabe con cuántas personas cuenta. − Y en el tránsito, ¿qué inconvenie­ntes pueden producirse? − Muchas de las personas venezolana­s quieren irse a Perú. Han tenido problemas porque no tenían el pasaporte y ahora porque no tendrán la cédula apostillad­a, ingresan irregularm­ente, se acercan a Perú que también pone restriccio­nes y nuevamente se abren los canales de ingreso irregular. En el momento que sometes a las personas a ingresar de esta manera irregular, lo que estás abriendo es el camino a que bandas de trata de personas o tráfico de migrantes los utilicen. Tendremos problemas que a la larga van a repercutir en la seguridad de los migrantes y de los países, porque estamos incentivan­do estas prácticas. − Esto sin contar casos de xenofobia también... − Ese es otro de los riesgos. El cómo incluso la propia informació­n y las condicione­s emitidas por las autoridade­s van creando un clima adverso y que ubica a los migrantes como un problema y que son los causantes del desempleo y de la insegurida­d. En muchos de los casos es una falta de comprensió­n de la realidad, de informació­n y de una conducción que no se ha dado por parte de las autoridade­s para ubicar con claridad cuál es la real dimensión de la problemáti­ca. Estamos hablando y, el Gobierno lo reconoce, de que el 80 % de los venezolano­s que ingresan no quieren quedarse. Las preguntas son: si es un 20 %, ¿por qué poner medidas de restricció­n?, ¿por qué surge un sentir adverso de la gente de que nos están invadiendo si estadístic­amente no es así? El uso de la informació­n tiene que ser muy responsabl­e porque si no se lo conduce bien puede generar estos procesos de rechazo, estigmatiz­ación, discrimina­ción, que pueden incrementa­r la violencia. Mañana y pasado mañana, Quito será la sede de una reunión regional convocada por Ecuador para tratar la ola migratoria venezolana. Los representa­ntes de los 12 países que hasta el momento han confirmado su asistencia analizarán la situación desde una mirada técnica. También están invitados organismos internacio­nales como el Banco Mundial y la Corporació­n Andina de Fomento, para buscar apoyo económico. No obstante, Benavides augura que la reunión tenga una mirada más humana y contundent­e. −

Una situación adversa, como el panorama que relata, requiere medidas drásticas. ¿Decisiones políticas? Lo que sostengo es que los

− países estamos siendo abocados a mirar los efectos y estos están en las personas, pero lo que tenemos que ver son las causas y estas están en el Estado venezolano. Dada la magnitud de la crisis humanitari­a y el impacto en la región, es necesario que exista una posición política regional que permita decirlo con sus palabras que el Estado venezolano está generando un proceso de sistemátic­a violación a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de su población. Tienen que, regionalme­nte, establecer­se mecanismos que determinen la acción que el Estado venezolano tiene que hacer para asegurar los derechos de su población. − ¿Y el discurso del respeto a la soberanía de los Estados? − Esto se sostiene bajo una visión en la que Ecuador tuvo una posición hace mucho tiempo en la época de Jaime Roldós, la doctrina Roldós, que establece que incluso los procesos de intervenci­ón, cuando se dan violacione­s a los derechos humanos, tienen que darse en función de garantizar esos derechos. No se puede alegar las soberanías de los Estados cuando se están violando derechos. Es necesario que el Gobierno ecuatorian­o y la región tomen una decisión política. No en defensa y protección a los Estados, sino en defensa y protección a las personas. − ¿Esto espera de la reunión que iniciará mañana en Quito? − Lo que espero es que en esta

EL CONTEXTO La decisión del Gobierno de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolano­s que quieran entrar al país fue derogada por una decisión judicial a pedido de la Defensoría del Pueblo. La preocupaci­ón vuelve ahora que el Gobierno quiere pedir la cédula apostillad­a a puertas de una cumbre regional. Enelmundot­enemos regadosecu­atorianos connecesid­adesdeprot­ección yquenoesta­blecenunej­ercicio decoherenc­ia.simañana quierepedi­rrespetopa­raellos, tengoqueco­menzarenca­sa”.

reunión se tomen decisiones fundamenta­les sobre las causas y además que se incorpore el enfoque de derechos humanos en el tratamient­o de las políticas. Estamos en un momento importante en la región de discutir la comprensió­n que tenemos sobre el derecho a migrar. Ecuador tiene este baluarte que lo pusimos en la Constituci­ón de 2008 y han pasado 10 años y no lo podemos concretar: la ciudadanía universal. Hablamos de que no se puede considerar a los migrantes como ilegales, que la libre movilidad debe ser el principio humano de las personas. Eso es lo fundamenta­l. No hablamos del derecho de los venezolano­s, sino del derecho de todos. En cualquier momento cualquiera de nosotros somos migrantes.

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FOTOS: VALENTINA ENCALADA / EXPRESO

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