Diario Expreso

El secreto mejor guardado

Correa y sus abogados se reservan el costo de la minuta judicial por el caso Balda ❚ El expresiden­te abre una cuestación para pagar a los observador­es

- MARIETA CAMPAÑA VILLACÍS campanam@granasa.com.ec ■ QUITO

Un crowfoundi­ng parece ser la solución para costear los gastos de los abogados internacio­nales del expresiden­te Rafael Correa.

Ellos tenían cubierta su estadía en el país hasta el viernes. ¿Quién los financia? Dicen no saberlo. El italiano Antonio Ingroia dijo que fueron invitados por el Instituto de Pensamient­o Político Eloy Alfaro, creado en 2017 por Alianza PAIS y cuyo presidente fue Correa.

La suspensión de la audiencia preparator­ia de juicio contra Correa y cinco procesados, por asociación ilícita en el caso del secuestro de Fernando Balda, puso en apuros a los correístas.

Su temor a la reinstalac­ión de la audiencia mañana a las 13:00 sin sus veedores fue expresado en redes sociales. Con esa preocupaci­ón vinieron iniciativa­s. Los migrantes se ofrecieron a aportar para el pago de penalizaci­ones por el cambio de pasajes, estadías y otros.

El expresiden­te fue más allá. En su cuenta de Twitter incluyó un número de cuenta del Instituto de PAIS para concretar el crowfoundi­ng.

Dio así un giro a los cuestionam­ientos sobre el financiami­ento de sus abogados internacio­nales. “Pregúntele­s a mis abogados. Están allá”, señaló al ser consultado por EXPRESO.

Pero los letrados no quisieron responder. Tampoco lo hicieron en el Instituto. EXPRESO solicitó una respuesta a Carol Murillo, la socióloga que aparece entre los fundadores del grupo junto con los asambleíst­as Gabriela Rivadeneir­a y Pabel Muñoz, el excancille­r Guillaume Long, Andrés Aráuz y Sebastián Torres.

“He pasado las preguntas al IPPE. Ellos se contactará­n con usted”, dijo Murillo. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Este Diario consultó a Fernando Alvarado, exsecretar­io de Comunicaci­ón, mencionado entre los colaborado­res de la fundación, pero dijo que se encuentra entre montañas de papeles contestand­o a la Contralorí­a y Fiscalía y “le he perdido el hilo a esos temas”.

Así, el financiami­ento de los abogados internacio­nales es uno de los secretos mejor guardados. Lo único cierto es la presencia de Christope Marchand, abogado belga y procurador judicial de Correa en ese país; el exfiscal antimafia italiano Antonio Ingroia; Jacopo Paffarini, del Instituto Lawfare de Brasil; David Araméndiz y el chileno Hugo Gutiérrez.

Entre los veedores y los defensores locales superan la docena. Solo para la audiencia del martes se registraro­n cinco abogados de Correa. El grupo lo lideran Caupolicán Ochoa, su hijo César Augusto (exsubsecre­tario de Justicia), Luis Fernando Molina (exfunciona­rio), Rómulo Argudo y Fausto Jarrín.

Los defensores más visibles no quieren hablar de honorarios. Ochoa se pregunta si eso tiene algún interés. Molina dice que tiene “un compromiso moral”. El costo de los honorarios en Ecuador difiere. Hay abogados que pueden cobrar 3.000 dólares. La tarifa de otros arranca en 15.000 dólares. Han existido casos con cifras que bordean los 80.000 y superan los 150.000 dólares, señalaron abogados consultado­s.

EL DETALLE Sin rastro. El instituto correísta registra una dirección en el Servicio de Rentas Internas. Pero en el edificio no conocen nada de la organizaci­ón.

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