Los grilletes no permiten ubicar con precisión a los delincuentes
Según la Contraloría, hay problemas en la conexión con el ECU-911 ❚ Se estima un perjuicio al Estado de $ 3,1 millones ❚ La contratista es una firma china
EL DETALLE Autoridad. El contrato se firmó en la gestión de Ledy Zúñiga en el Ministerio de Justicia. No asistió a la lectura del informe borrador. PARA SABER
Es otro de los ‘proyectos emblemáticos’ del anterior Gobierno que no tuvo el resultado esperado. El contrato para la vigilancia electrónica a los procesados por algunos delitos no solo tiene problemas administrativos, sino que los grilletes no garantizan la localización exacta de sus usuarios.
La Contraloría revisó el contrato del Ministerio de Justicia con la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec), el 18 de agosto de 2016. Por 13,7 millones esta firma estatal debía proveer equipos para la vigilancia en libre circulación, arresto domiciliario y atención a víctimas de violencia. Ayer, se leyó el informe borrador del examen.
La auditoría encontró nueve irregularidades que costaron al Estado 3,1 millones. Incluso la Contraloría cree que el Gobierno tenía un motivo suficiente para terminar unilateralmente el contrato: los retrasos en la entrega de los productos representaron multas por 1,2 millones. Es decir, más del 5 % del valor del contrato, que es el límite permitido por ley.
Uno de los problemas que encontraron los auditores es que Justicia, Ceiec y el ECU-911 no definieron los parámetros de interoperabilidad de sus sistemas. Sin ese paso, muchas de las tareas se terminaron haciendo manualmente y a criterio de los operadores.
La falta de parámetros únicos impedía, por ejemplo, que se clasifiquen las alertas por el nivel de gravedad: como el sistema no opera automáticamente, al ECU911 solo llegan las alertas que deciden los operadores del ministerio. La Contraloría advierte un riesgo de omisión en el envío.
Además, bajo esa misma lógica, solo se envían las alertas consideradas como ‘críticas’.
Un problema adicional: el sistema no tiene registrados los datos del procesado que usa el brazalete. Otra vez, esa información tiene que enviarse manual o verbalmente desde el ministerio.
Pero lo más grave es que, tal como está funcionando el sistema, no permite cumplir con uno de los objetivos: localizar a los delincuentes que usan un brazalete en lugar de ir a prisión. Los auditores aseguran que la información supuestamente georreferenciada “no se recibe con ubicación exacta”.
“La georreferenciación se muestra diferente en el ECU y en Justicia”, concluyeron.
El módulo de vigilancia electrónica tampoco funciona bien: no tiene los datos de los jueces que ordenaron el uso del grillete y tampoco se puede establecer estadísticas de ingreso al sistema.
En agosto, el ministerio informó que 2.748 personas usan grillete y que no se colocarán nuevos. La institución pidió que se suspenda su uso por “la necesidad de migrar de proveedor de servicios de comunicación”. El contrato con Ceiec terminó.
A todo eso se suma una cadena de errores: el contrato se hizo sin publicar la invitación en el Sistema de Compras Públicas; la contratación se hizo por régimen especial sin contar con estudios y diseños previos; no se firmaron las actas de entrega-recepción definitivas y Justicia no tiene un plan de contingencia ante un fallo del sistema.