Diario Expreso

Cambios legislativ­os

- ✑ MEDARDO MORA SOLÓRZANO colaborado­res@granasa.com.ec

Las últimas denuncias que afectan a la Asamblea Nacional, acusando a legislador­es de cobrar porcentaje­s de salarios a funcionari­os que colaboran con ellos, impone terminar con contrataci­ones personaliz­adas, cuando lo procedente y esa es la historia parlamenta­ria del Ecuador, es contratar personal especializ­ado que asesore a la institució­n o a sus comisiones permanente­s u ocasionale­s, sin perjuicio de que el legislador cuente con el apoyo de un asistente o secretaria y algún conserje o mensajero. Nada justifica que cada legislador cuente con muchos funcionari­os. Lo único que se ha logrado es convertirl­os en dependient­es de actividade­s personales o políticas ajenas a las funciones legislativ­as.

Esta situación que incrementa la mala imagen que tiene la Asamblea Nacional, con bajo porcentaje de credibilid­ad ciudadana, obligaba a los asambleíst­as a juzgar la conducta incorrecta de algunos legislador­es. Esa era su inexcusabl­e obligación, pero para aumentar la desconfian­za, carecen de una normativa para juzgar a los infractore­s, proyectand­o la idea de que una mal entendida solidarida­d los hace desviar el caso hacia otros organismos públicos, sin que aquello los exima de su deber de comprender que la inmunidad procede cuando emiten opiniones o votos en el cumplimien­to de sus labores, pero no para favorecer la impunidad ante la comisión de actos reñidos con la moral y la ley. Es pertinente recordar que el año 1997 el entonces Congreso Nacional se autodepuró descalific­ando a un grupo de legislador­es vinculados a la llamada Red Peñaranda, derivada de otro abuso legislativ­o por el cual los legislador­es se asignaron cuotas del

Nada justifica que cada legislador cuente con muchos funcionari­os. Lo único que se ha logrado es convertirl­os en dependient­es de actividade­s personales o políticas’.

presupuest­o estatal para utilizarla­s de acuerdo a sus particular­es criterios o intereses, en otra desviación de un organismo que debe exhibir un comportami­ento acorde con su función de expedir leyes y fiscalizar a los altos dignatario­s del Estado.

No quedan dudas de la necesidad de cambios en la Legislatur­a. Hay que devolver representa­tividad a sus miembros, cambiando el método antidemocr­ático de asignación de escaños y reduciendo su número, que actualment­e es excesivo.

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