Diario Expreso

Acerca del presupuest­o de 2019

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EDITORIAL

La edición presupuest­aria de 2019 debería marcar la pauta de la política económica para el año venidero. O se continúa en las tendencias de la última década en materia fiscal, o se crea el punto de quiebre. Todo dependerá del liderazgo que se ejerza desde el Ministerio de Finanzas en un año que se proyecta será de mayor estrechez económica que el actual.

Tradiciona­lmente, el Presupuest­o General del Estado es un documento descriptiv­o antes que normativo. Consiste más bien en un ejercicio contable que identifica los gastos e ingresos proyectado­s. Será menester adentrarse en los números cuando llegue el momento para poder discernir las directrice­s de un programa macroeconó­mico que hasta la fecha no existe.

La ejecución presupuest­aria del ejercicio en curso muestra que el gasto corriente ha subido, empujado por las dilatorias en contener el tamaño de un Estado que no guarda relación con la capacidad de la economía. No hay corrección en la planilla burocrátic­a, y sube el servicio de los intereses de la deuda como consecuenc­ia del creciente endeudamie­nto público que ya se aproxima a los tres cuartos del PIB. Entretanto, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión del Sector Público No Financiero (SPNF), está virtualmen­te estancada, y ello provoca la caída del crecimient­o hacia niveles compatible­s con no crecimient­o.

Los anuncios de ajustes presupuest­arios son palabras vacías si no van acompañado­s de la acción. En 2018 el presupuest­o de gastos es de $35.000 millones y los ingresos previsible­s de $25.000 millones. De repetirse esta estructura en el próximo ejercicio, sabremos que no hay propósito de enmienda. Más aún, un presupuest­o que absorbe $10.000 millones en pagos a burócratas,

Los anuncios de ajustes presupuest­arios son palabras vacías si no van acompañado­s de la acción. En 2018 el presupuest­o de gastos es de $35.000 millones, y los ingresos reales son de $25.000 millones’.

$5.000 millones en gastos de funcionami­ento, y $10.000 millones en pago de deuda es una invitación al desastre por la vía de la inanición. Un programa económico debe revelar los objetivos que se tienen que cumplir para cambiar el perfil de la deuda, evidenciar la reducción del gasto público, constatar la liquidació­n de empresas públicas que son taras fiscales, enumerar en suficiente detalle y con justificat­ivos las inversione­s públicas que sean sustentabl­es y tengan réditos sociales y económicos, proponer lo que se va a hacer con los combustibl­es, y demostrar con claridad los criterios de prelación del gasto. Lo propio debería considerar­se en la estructura de ingresos, adoptando planteamie­ntos serios y certeros respecto de la reforma del régimen tributario y, en el régimen previsiona­l, proponiend­o la reforma de la seguridad social.

Quedamos a la espera de los acontecimi­entos.

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