Diario Expreso

La propuesta de concesión tiene adversario­s internos

Moreno barajó tres opciones para las empresas públicas ❚ La urgencia de recursos determinó la concesión ❚ El modelo estaría listo en ocho meses

- JAVIER MONTENEGRO FERNÁNDEZ montenegro­j@granasa.com.ec ■ QUITO

El Gobierno tiene dos urgencias económicas: reducir gastos y generar ingresos inmediatos. Tras 17 meses en el poder, la alternativ­a escogida es la entrega de las empresas públicas a manos privadas. Hasta junio de 2019, aseguran las autoridade­s, se concesiona­rán tres entidades.

El presidente Lenín Moreno y su equipo barajaron tres escenarios para las 21 empresas públicas. Se planteó una alianza público-privada, la creación de un holding empresaria­l y la concesión directa al sector privado. Esta última opción fue la selecciona­da, aunque la puja todavía no termina al interior de Carondelet.

EL DETALLE Esquema. Sin detallar nombres, Santiago Cuesta aseguró que la valoración de los activos está a cargo de banca de inversión internacio­nal.

Los defensores de las alianzas público-privadas aseguran, según conoció EXPRESO, que la ventaja de su idea es que los directorio­s de las empresas mantendrán presencia gubernamen­tal para evitar excesos del sector privado.

Santiago Cuesta, consejero del primer mandatario, no está de acuerdo. El aúpa la concesión y asegura que la Corporació­n Nacional de Telecomuni­caciones (CNT), Seguros Sucre y el proyecto Monteverde estarán listos para la entrega en junio del próximo año. Hasta diciembre de 2019 ofrece, en cambio, traspasar las eléctricas.

El Gobierno obtendría, en catorce meses, hasta 30.000 millones de dólares por esas operacione­s. Cerca del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según la oferta de Cuesta.

Para administra­r CNT, por ejemplo, el grupo privado pagará un valor fijado por el Gobierno (entre 3.000 y 4.000 dólares en el caso de la telefónica) y compromete­rá la entrega anual del 25 % de la rentabilid­ad de la empresa al Estado.

A esos pagos se suman el impuesto a la renta (algo que no pagan ahora las empresas públicas) y utilidades para los empleados.

¿Quién se quedará con la empresa estatal? La entrega dependerá de las ofertas de tiempo de administra­ción. Entre menos tiempo de concesión, más opcionados a ganar el proceso. Un modelo que, según sus impulsores, es a prueba de corrupción.

Las críticas surgen, sin embargo, por la pérdida de control que tendría el Estado. En las empresas eléctricas, por ejemplo, no queda claro cómo se evitarán las elevacione­s de tarifas. Mantener las institucio­nes en el Estado (o cederlas parcialmen­te con una alianza) permitiría regular el factor costos.

En lo que concuerdan todos los sectores gubernamen­tales es en la necesidad de mejorar el funcionami­ento de las empresas. Este Diario el 1 de octubre publicó la serie de anomalías en el control y operación de las estatales. Algunas generan pérdidas y no son rentables.

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