Diario Expreso

La munición traficada era la retirada por fin de vida útil

Las balas estaban en las bodegas de logística del Ejército ❚ Los investigad­os eran los encargados de los procesos de acopio y la destrucció­n del material

- ROSA TORRES GOROSTIZA torresr@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Los números seriales de un cargamento de municiones incautado en Colombia a disidentes de las FARC del frente Óliver Sinisterra, liderado por Walther Arízala, alias Guacho, es lo que permitió seguir su rastro hasta llegar a los cuarteles del Ejército ecuatorian­o, que las tenían registrada­s como destruidas.

¿Cómo podían estar en poder de los narcoterro­ristas municiones que habían caducado y también destruido?

EL DETALLE Pesquisas. La investigac­ión por tráfico de armas, contra militares y civiles, iniciada el 17 de octubre, durará 90 días.

La sospecha de la existencia de una banda dedicada al desvío de las municiones, con nexos en los cuarteles, condujo a los investigad­ores policiales ecuatorian­os a seguir el rastro de las balas desde su salida de las bodegas de los batallones hasta su llegada a la Brigada de Logística No. 25 en Quito y, desde allí, hasta los supuestos sitios de destrucció­n.

La punta de la madeja estaba en los documentos de adquisició­n de municiones en la que consta que esas balas, de calibre 5.56, ingresaron a la bodega central del Ejército y desde allí hacia diferentes unidades militares. Como no habían sido utilizadas y cumplieron su vida útil (la pólvora había perdido su composició­n química), entraron al proceso de destrucció­n que empieza con su retiro de los cuarteles hacia las bodegas de los batallones de logística de las divisiones y, desde allí, hasta la bodega general de Logística en Quito.

Las investigac­iones apuntaron hacia siete militares y seis servidores del Ministerio de Defensa que habían participad­o en el proceso de dar de baja y destruir esas municiones, pero que habían terminado en manos del frente de Guacho que hizo seis ataques contra policías y militares ecuatorian­os y también se le atribuye el secuestro y posteriorm­ente asesinato de cinco civiles, tres trabajador­es de diario El Comercio, y una pareja de enamoradas de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La investigac­ión en marcha, tras allanamien­tos en los lugares donde fueron detenidos los sospechoso­s de integrar la red de tráfico de armas, municiones y explosivos, apunta a descubrir a todos los autores, cómplices y encubridor­es del desvío. Se trata de confirmar, además, si realmente las municiones estaban caducadas.

El Ministerio de Defensa ha indicado que dará toda la apertura a la Fiscalía para que investigue un delito que involucra a personal del Ejército que tenía bajo su responsabi­lidad el proceso de sacar de inventario y destruir las armas, municiones y otros productos que perdieron su vida útil en los cuarteles.

La Fiscalía intenta descubrir si además de municiones también hubo desvío de armas.

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