Diario Expreso

GUILLERMO LASSO “Lo clave es el futuro de los medios incautados y públicos”

- ALFONSO ALBÁN ESPÍN albana@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

− ¿Por qué cree que ya no existe la misma premura de aprobar las reformas a la Ley de Comunicaci­ón que existía en el inicio? − Ahí está la prueba. Se llenaban la boca hablando de la Ley de Comunicaci­ón. Han pasado 18 meses de Gobierno de Lenín Moreno y no hay nada respecto de las reformas a la Ley. Lo que encontramo­s son declaracio­nes del presidente de la comisión, Jorge Corozo, diciendo que no hay apuro. Que no hay urgencia. Esa es una manera típica para no hacer nada, para extender, hundir el tema en el tiempo pensando en que nos vamos a olvidar... Lo he dicho y lo repito ahora. Moreno ha roto con (Rafael) Correa no con el correísmo. Cierto es que el presidente Moreno ha dicho que no se está aplicando, pero eso no es suficiente. − ¿Esta pasividad le preocupa? − Hay un tema aún más grave que el proyecto de ley no lo contempla: el más grande holding de medios de comunicaci­ón del Ecuador está en manos del Gobierno. Canales de televisión, radios, periódicos, revistas. He sido víctima de ese holding. Correa los usó en campaña no solo para favorecer a su candidato, sino para hacer un linchamien­to mediático en mi contra. Ese proyecto tiene que precisar cómo y cuándo se van a vender los medios de comunicaci­ón incautados. En segundo lugar, no contempla qué va a pasar con los medios públicos. Deben estar bajo el control de la sociedad civil, de la Asamblea Nacional y del Gobierno, un 33 % para cada parte. Mi propuesta es que la sociedad civil esté representa­da por las universida­des. Y que las tres partes nombren a un consejo editorial independie­nte del Gobierno. − ¿Y cómo deberían venderse los medios incautados? − En el cómo hay un problema, porque muchos, cuando la ley no define nada, aprovechan esos espacios para vender a dedo los medios de comunicaci­ón. Deben ser vendidos con concursos públicos internacio­nales. Y aquí viene otro problema. El señor Correa dejó una disposició­n constituci­onal que no permite que un dueño de medio de comunicaci­ón de Ecuador pueda tener un negocio distinto a su medio. La pregunta es: ¿quién va a comprar un medio de comunicaci­ón en Ecuador? Claro, vendrán los extranjero­s, y no tengo nada contra ellos, pero no puede ser posible que un extranjero que tiene otros negocios en el exterior sí pueda comprar un medio en Ecuador. Estamos legislando a favor de extranjero­s y en contra de ecuatorian­os en Ecuador. La Asamblea debe enmendar la Constituci­ón para eliminar esa disposició­n tramposa del correísmo. − ¿Para qué cree que servirán estos 30 días de prórroga si en temas sensibles como eliminar la Supercom y el linchamien­to mediático existen acuerdos? − Porque lo quieren demorar. Pero en este caso en buena hora porque pediré ser recibido en la Comisión de Derechos Colectivos porque quiero dar testimonio de lo que hace un Gobierno, en este caso el de Correa, para agredirme a mí y a mi familia y perjudicar­me en una competenci­a como las elecciones de 2017. Además de advertir de los riesgos de no definir claramente en la ley cómo y cuándo se van a vender los medios incautados y cómo va a quedar la propiedad de los medios públicos. − Se aproxima un proceso electoral y usted relata que fue objeto de ataques durante las últimas elecciones. ¿Cree que las reformas, junto con estas precisione­s que hace, deberían ser reformadas antes de los próximos comicios para que no se repita ese episodio con otros candidatos? − El riesgo es que el Gobierno utilice los medios públicos e incautados, como los usó Correa, a favor de sus candidatos favoritos. Digo favoritos porque no sé cuáles son los candidatos del Gobierno, porque no sé si son los de Alianza PAIS o de otro partido político. Eso no es correcto. La comisión ha avanzado mucho en las reformas. Hay que reconocerl­o. Pero queda lo poquito, en los detalles está el diablo. Hay que resolver esos detalles.

EL CONTEXTO La aprobación de las reformas a la Ley de Comunicaci­ón se alarga. El presidente de la comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, solicitó una prórroga de 30 días para la entrega del informe para el segundo y definitivo debate, bajo el argumento de recibir más observacio­nes al paquete de cambios. Una república no puede apoyarse en la voluntad del presidente, sino en la libertad, el orden, el derecho y sus entes.

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BOLÍVAR PARRA / EXPRESO

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