Opositores rearman las protestas
El antichavismo inició un proceso de “reunificación” que le permita definir estrategias para oponerse al Gobierno de Maduro, quien gozará desde el 10 de enero de un nuevo mandato que los opositores rechazan por desconocer los resultados de los comicios del pasado 20 de mayo. de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez, señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa, sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.
Una investigación de una jueza de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA), acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).
Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.
En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París, el 23 de noviembre de 2009, por la sociedad Highland Assets Corp y con el concepto de “propina por servicios prestados”.
La documentación entregada a España por Venezuela explica que esa empresa era una “sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios”, representada por Rodríguez Cabello. El “beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria” desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez.
Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y “su grupo” realizaron de 2006 a 2012 (el presidente venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013) un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando “numerosas cuentas” en Andorra para “altas cantidades de dinero” y ocultar la titularidad real de los fondos.
La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades “utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes”.
Según la justicia venezolana, “dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra suman unos 1.350 millones, entre dólares y euros”. Esas cantidades “tendrían presuntamente un origen delictivo, ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano, en los cuales participaron funcionarios” del mismo país, agrega el documento.