Diario Expreso

¿Y la institucio­nalidad?

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EDITORIAL

En el Ecuador de hoy no existe una sola institució­n del Estado que no sea objeto de investigac­iones. Hasta la misma Fiscalía, responsabl­e de estas diligencia­s, ha sido cuestionad­a por su actuación en una serie de procesos judiciales que tienen al correísmo en un permanente estado de nervios.

Y ni se diga de la Asamblea, protagonis­ta de supuestos pagos de diezmos por parte de ciertos legislador­es a cambio de estabilida­d laboral de sus colaborado­res.

Ahora le tocó el turno a la Contralorí­a, luego de que un ciudadano denunció a su autoridad principal por una supuesta arrogación de funciones, poniendo en duda su elección como subrogante del prófugo de la justicia, Carlos Pólit, y su consecuent­e actuación en escandalos­os casos de corrupción.

Es que esta entidad ha sido una especie de caballo de batalla con el que el morenismo ha querido desmontar y deslegitim­ar la década ganada del correato, que supuestame­nte le dejó la mesa servida, pero con un menú lleno de irregulari­dades que se han transforma­do en informes con indicios de responsabi­lidad penal.

Al final de la era Pólit, el contralor ha usado todas las armas legales a su disposició­n para deshacerse de varias figuras políticas al destituir vía sanción administra­tiva a un vicepresid­ente en su época de ministro, un superinten­dente de Comunicaci­ón en su etapa de director de un medio público y a un director del IESS, todos muy cercanos al exmandatar­io Rafael Correa.

Este ha sido el palmarés de una entidad que ahora se enfrenta a una indagación que nace de

Ahora le tocó el turno a la Contralorí­a, luego de que un ciudadano denunció a su autoridad principal por una supuesta arrogación de funciones’.

un particular, cuyas motivacion­es aún no son claras. Ya en el pasado se limitaron las funciones de la institució­n cuando le quitaron su labor de control previo a los contratos públicos, disposició­n que la obligó a actuar solo cuando los hechos estaban consumados.

Considerar­on que la vigilancia demoraba la concreción de los contratos y las consecuenc­ias están a la vista. Millones de dólares que no se sabe dónde están y tampoco se conoce a los responsabl­es de estos atracos.

Mientras tanto, en el país los pájaros siguen disparando contra escopetas, atentando así contra las institucio­nes encargadas de velar por el bienestar de los ecuatorian­os. Las autoridade­s deben apostar por la transparen­cia y alejar la política de la justicia, para garantizar así un debido proceso libre de vicios.

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