Los perseguidos del correísmo quieren que se investigue a 492 jueces y fiscales
Denuncian una supuesta actuación al margen de la ley durante 10 años
En enero estará listo el informe final sobre los supuestos perseguidos políticos en el anterior Gobierno.
La Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, tiene casi listas las conclusiones. Involucran a 492 jueces y fiscales por su supuesta actuación irregular dentro de los casos de hostigamiento a través del sistema judicial, según se recoge en un primer avance del informe final.
Ellos deben ser investigados en el ámbito disciplinario por el Consejo de la Judicatura (CJ) es uno de los pedidos del equipo de trabajo instalado el pasado mes de agosto.
La Mesa se constituirá en una veeduría para el seguimiento de esas investigaciones, es la propuesta anunciada ayer por Paúl Jácome, uno de sus integrantes.
El anuncio se efectuó ante decenas de víctimas del correísmo que exigían la salida de los funcionarios y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hubo señalamientos también para exministros como José Serrano y sus colaboradores.
Algunos de los fiscales que habrían sido obligados a emitir resoluciones contrarias a derecho en investigaciones como las de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 están dispuestos a reseñar las presiones que recibieron de parte de los funcionarios de gobierno.
La vocal Angélica Porras reseñó algunas de las anomalías registradas en el trámite de los expedientes. Entre ellas citó por ejemplo que 43 días después de un supuesto hecho se formulaban cargos como delito flagrante o se hacían reconstrucciones de los hechos tres años después cuando en el sitio del incidente se habían levantado otras construcciones.
Indicó que de la información recopilada se concluyó que la persecución iba para quienes se oponían a la explotación de los recursos naturales, entre otras actividades.
Entre los judicializados estuvieron el coronel Rolando Tapia exjefe de la Escolta Legislativa, condenado en el Gobierno correísta por haber apoyado la protesta de sus subalternos.
Se citaron también los casos del mayor retirado del Ejército Fidel Araujo condenado por supuesta incitación el 30S.
El presidente del Consejo transitorio Marcelo Merlo recordó que la situación actual es consecuencia de la persecución del Gobierno de Correa en los últimos 10 años.
La información de las supuestas anomalías ya fue presentada en la Fiscalía durante la administración del exfiscal Paúl Pérez, pero hasta el momento se desconoce si se abrió algún expediente.
EL DETALLE Audiencias. Por tres días la mesa escuchó las historias de quienes se consideraron víctimas del anterior Gobierno. Hubo audiencias públicas y privadas.