La contratación pública se erige en una ley con ‘fallas’
Las autoridades de compras públicas solicitan una reforma integral a la ley ❚ Dos casos muestran vacíos que complican la contratación transparente
Hay vacíos desde las bases. El Gobierno de Lenín Moreno sigue trabajando con normativas, redactadas en la administración de Rafael Correa, que tienen vicios y claroscuros. La Ley de Contratación Pública es un ejemplo. El ofrecimiento de reformar ese texto se hizo el año pasado y aún no se cristaliza. Sin ese cambio, el sector público sigue adjudicando obras con principios cuestionables.
En 2018, de enero a noviembre, el Estado contrató 6.125,5 millones de dólares. De ese monto, 261,9 millones fueron del Municipio de Guayaquil y 125,3 millones de la Prefectura de Guayas.
Entre los casos que despiertan la necesidad de reformas legales está el de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). La semana pasada, la entidad echó abajo una contratación tras una serie de cuestionamientos que hizo EXPRESO a la adjudicación de obras en el centro de la capi- tal. La empresa privada que estaba por firmar el contrato (Asphaltvias) tiene entre sus integrantes a contratistas incumplidos con el Estado. En papel, esas personas no pueden ser proveedoras del sector público.
La ley, sin embargo, permite que un proveedor incumplido y sancionado pueda abrir una empresa y vuelva a trabajar con el Estado pese a la prohibición. El vacío es una preocupación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Silvana Vallejo, titular del servicio, dijo que esa anomalía se corrige en el proyecto que elaboró y entregó al Ejecutivo en 2018. La Presidencia de la República, pese a la urgencia, no ha enviado el documento a la Asamblea.
Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, dijo que sabe de la necesidad de reformar integralmente la ley. Ella admitió, sin embargo, que esperan que el presidente Moreno envíe el proyecto para poder trabajar.
Esa propuesta de reforma integral debe abordar, además, limbos en los que quedan algunos procesos. Petroecuador es el último caso estrella.
En diciembre, la estatal más grande del Ecuador tuvo que declarar desierto el concurso para asegurar sus bienes por más de 34 millones de dólares porque la única oferta que se presentó (de Seguros Unión) era por 36 millones de dólares.
Si no hay ajustes para la próxima convocatoria, Petroecuador tendrá sus bienes, entre plataformas, pozos y hasta refinerías sin seguro contra accidentes, daños o desastres.
La adjudicación de contratos a personas incumplidas y los caminos en caso de no tener ofertas, no son los únicos problemas de la normativa. Desde la fase preparatoria de contratos hay errores.
Según expertos en contratación pública, las entidades estatales elaboran sin mayor detalle el establecimiento de las necesidades de un bien o servicio. Esa fase es crucial para garantizar el buen uso de los recursos públicos, aseguran.
La aplicación de Régimen de Emergencia, que permite contrataciones ‘a dedo’, también está en la mira de las prometidas reformas. Entre enero y noviembre del año pasado se gastaron 1.517,2 millones de dólares por esa vía. Un año antes se usaron 2.145 millones.
EXPRESO puntualiza las reformas que se plantean en el proyecto de ley que no llega a la Asamblea. (ver recuadros)
EL DETALLE Contratista. El Municipio de Guayaquil es el principal ente público que firmó contratos durante el año pasado.