Una Corte renovada
EDITORIAL
Los próximos magistrados de la Corte Constitucional tendrán una ardua tarea cuando comiencen a resolver las miles de causas represadas en esta dependencia, cuya gestión fue cuestionada por diferentes sectores que consideraban que solo se evacuaban los casos importantes para Carondelet durante la década correísta.
Y fue precisamente por eso que en agosto pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesó en sus funciones a los anteriores jueces, alegando su “vinculación política con el gobierno anterior, conflicto de intereses y una indebida concentración de poder”.
La Ley de Comunicación fue una muestra de ello, cuando primero aprobó la tesis de que comunicación era un servicio pú- blico, pero después, ya con el nuevo gobierno, se echó para atrás y derogó esta normativa constitucional para declararla un derecho ciudadano.
Se calcula que la Corte no despachó cerca de 14 mil causas a partir de 2007, la mayoría acciones de protección que nacieron en la Asamblea de Montecristi.
Pero el reto no solo consiste en despolitizar esta dependencia, sino en ganarse la confianza de los ecuatorianos que necesitan seguridad jurídica en todo nivel. La Corte Constitucional es un órgano neutro y jamás puede estar impregnada de matices políticos.
En definitiva, los magistrados no tienen que responder a ningún interés y están obligados a resolver en estricto derecho, aplicando los instrumentos internacionales. Su objetivo principal debe ser convertirse en los
La nueva Corte no solo tiene la obligación de evacuar todos los procesos, sino también de fijar las reglas jurisprudenciales para que exista mayor celeridad en las causas’.
custodios de las garantías de los ciudadanos.
La nueva Corte no solo tiene la obligación de evacuar todos los procesos, sino también de fijar las reglas jurisprudenciales para que exista mayor celeridad en las causas, con el fin de no afectar el principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de la Constitución.
Además, tendrá que deliberar sobre la consulta popular planteada por el Consejo Transitorio acerca de la limitación de funciones del consejo definitivo y que debería realizarse conjuntamente con las elecciones seccionales del próximo 24 de marzo.
Por el momento, nueve juristas, ocho de ellos sin vinculación política, son los virtuales jueces que tendrán en sus manos la responsabilidad de transparentar la justicia.