Parches para la transparencia
La falta de una reforma a la Ley de Contratación Pública motiva cambios por resoluciones ❚ Tres documentos buscan ampliar los concursos y reducir gastos
Las reglas cambian constantemente. La contratación pública requiere, según autoridades, expertos y proveedores, reformas en casi todos los procedimientos. La actual administración modificó, mediante tres resoluciones, la forma de adquirir consultorías, servicios de construcción y de contratar entre empresas públicas. Las medidas se toman ante la falta de una reforma integral a la Ley de Contratación Pública que ofreció el Ejecutivo pero que no llega a la Asamblea Nacional.
LA FRASE Había una regulación que promovía la contratación con predestinados.
El lunes, por ejemplo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) modificó los requisitos para la adjudicación de construcciones del Estado. Según los representantes del sector, las reglas implementadas durante el gobierno de Rafael Correa permitían ajustar los concursos para contrataciones a dedo.
¿Cómo funcionaba? Silvana Vallejo, titular del Sercop, escuchó reclamos que aseguraban que entre los requisitos para ser proveedor del sector público se colocaban especifi- caciones de maquinarias. Eso, según las denuncias, con el afán de que solo constructoras “afines” al Gobierno obtengan los contratos.
Tras la resolución, se eliminan requisitos específicos y se abren los procesos para más y nuevos actores. En 2018, la adjudicación de obras sumó más de 1.980,2 millones de dólares.
Un cambio similar se hizo en la contratación entre empresas públicas. Las normas correístas permitían que dos entidades estatales contraten de manera directa.
El problema es que, según detectó el Sercop, la figura se usaba para subcontratar a empresas públicas sin controles legales. Es decir, dos entidades estatales firmaban un contrato bajo la supervisión de los entes de control, pero luego se subcontrataba a proveedores privados, sin concurso ni licitación.
Francisco Poveda, experto en contratación pública y exdirector jurídico del Sercop, asegura que el mecanismo fue mal utilizado y permitió contrataciones irregulares en el Gobierno central, empresas públicas, municipios y prefecturas.
Cada entidad pública debe designar un administrador de contrato que verifique los cumplimientos de lo firmado entre la empresa privada y la entidad pública.
La necesidad de resoluciones modificatorias alcanzó, además, a la comunicación social y las consultorías. Ahora, ante la cantidad de consultorías hechas durante la autodenominada revolución ciudadana, se restringe la firma de nuevos proyectos.
El Sercop creó un “banco de consultorías del sector público” que debe ser revisado por cualquier funcionario antes de contratar una nueva consultoría. El objetivo: evitar dobles gastos.
De enero a noviembre de 2018, el Estado gastó 152 millones de dólares en el pago de consultorías.