Los asesores de Galarza niegan todos los cargos
Juan Francisco Sevilla, esposo de la legisladora, rindió su testimonio
Uso indebido de la tarjeta electrónica: es la única irregularidad que el equipo de Ana Galarza (en el que se debe incluir a su marido, Francisco Sevilla) está dispuesto a admitir ante la comisión conformada para investigar las denuncias en su contra. Ayer, Sevilla y tres asesores de la asambleísta de CREO (Omar Mayorga, Carmen Alvarado y Marcelo Rosero) rindieron sus testimonios y cerraron filas en su defensa. En cuanto al correísta Ronny Aleaga, el legislador que pidió la apertura de la investigación, desapareció del mapa y no hizo sus deberes.
Sí: tal como lo denunció Lenin Rodríguez, el exasesor de Galarza que llevó su caso ante la Fiscalía, era Sevilla quien utilizaba a diario (o casi) la tarjeta electrónica de Carmen Alvarado para ingresar a la sede legislativa. El esposo de Galarza admite incluso estar consciente de que tal conducta es una falta contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con respecto a lo demás (los cobros indebidos, la falsificación de firmas en los registros de asistencia, la utilización de funcionarios públicos para realizar tareas universitarias de la asambleísta…), todo lo desmintieron.
Sevilla dijo ser un desempleado en bancarrota que pasa todo el tiempo junto a su esposa: “la llevo, la traigo, siempre la estoy acompañando”. Así lo decidió la pareja desde un principio porque “todos sabemos que la política no es compatible con el matrimonio”. “Tenemos hijos pequeños y siempre he querido cuidar ese aspecto”, cosa que hace no quedándose con ellos, sino con ella. ¿Recibió transferencias de los asesores? Imposible, dice: ni siquiera tiene cuentas bancarias. Y presenta un certificado de haberlas cerrado. Él solo tiene deudas. Y las ha ido pagando con los cheques que le pasa mensualmente su señora, cheques que también expuso a vista de los miembros de la comisión: 32 mil dólares desde mayo de 2017 hasta la fecha.
Sevilla y los asesores trabajan en equipo desde los días de campaña electoral. Sus testimonios son terminantes: Carmen Alvarado permanece “en territorio” (Tungurahua) organizando reuniones y se desplaza a Quito no más de dos o tres veces al mes. Omar Mayorga (esposo de la anterior) ya no es gerente de Flota Pelileo y, cuando lo fue, es cierto, asistía a las sesiones de directorio, pero sin perjudicar su trabajo: “la asambleísta me hizo el favor de darme unas horas que he descontado con creces”. Marcelo Rosero, que según Rodríguez realizaba los trabajos universitarios de Psicología de la asambleísta, dice que su formación como abogado y arquitecto no lo capacita para semejante tarea, a diferencia de su acusador, quien, como periodista, dijo hallarse plenamente facultado.
Por lo demás, todos aseguraron haber firmado personalmente los registros de asistencia (incluso Alvarado) y negaron haber pagado nada a nadie.
¿Y las tres transferencias de 60 dólares presentadas por Rodríguez, supuestamente para pagar la aparición de Ana Galarza en el libro “Personas y personajes”? Que no eran para cubrir esa deuda, dijo Mayorga, sino para asistir a la cena de lanzamiento. Y mostró unas fotos en las que se ve al acusador sonriendo de oreja a oreja entre los comensales. “No lo veo con cara de que esté sufrido”, comentó con gracia.
Todo esto en ausencia de Ronny Aleaga, el fiscalizador. El viernes anterior, él había anunciado que enviaría preguntas por escrito y en sobre cerrado para cada uno de los comparecientes. Pero o se olvidó o no tuvo tiempo para hacerlo.
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