Diario Expreso

Las ‘grietas’ de la contrataci­ón

En 2018, las autoridade­s encontraro­n 1.300 procesos de contrataci­ón pública con irregulari­dades ❚ El Sercop asegura que hace falta personal

- JAVIER MONTENEGRO FERNÁNDEZ montenegro­j@granasa.com.ec ■ QUITO

La corrupción alrededor del gasto público no se apaga. En el año que terminó, el Servicio Nacional de Contrataci­ón Pública (Sercop) detectó casi 1.300 procesos con diferentes tipos de irregulari­dades. Los casos identifica­dos fueron enviados a la Contralorí­a General del Estado para la investigac­ión y, de ser necesario, la aplicación de sanciones.

Entre los procesos cuestionad­os están contrataci­ones públicas que intentaron hacer el Gobierno central, los municipios, las prefectura­s y las empresas públicas. En monto económico suman un valor de unos 289 millones de dólares.

Gustavo Araujo, subdirecto­r general del Servicio, explicó que el número podría ser aún mayor, pero las capacidade­s del Sercop son limitadas. En el área de control, por ejemplo, hay 20 funcionari­os para revisar todos los pedidos de contrataci­ón. Solo en 2018 ingresaron 127.000 procesos.

Lo mismo pasa en la unidad que recepta denuncias. Hay seis empleados que tienen complicaci­ones para laborar con la velocidad y calidad óptima.

Araujo reconoció, durante un taller de Contrataci­ón Pública, que los casos con irregulari­dades tienden a disminuir luego del cambio de gobierno. Durante la administra­ción del expresiden­te Rafael Correa proliferar­on las contrataci­ones a dedo o diseñadas para permitir afectacion­es al Estado.

Un ejemplo es la contrataci­ón interadmin­istrativa. Es decir, entre entidades públicas. Según la Ley de Contrataci­ón Públicas y la Ley de Empresas estatales, este proceso puede hacerse de manera directa y sin un concurso que garantice transparen­cia. Araujo señaló que el mecanismo se usó como fachada para que empresas privadas contraten con el Estado sin control.

Silvana Vallejo, directora general del Sercop, explicó que ante ese escenario se emitieron resolucion­es que limitaron la aplicación de contrataci­ón interadmin­istrativa. Sin embargo, reconoció, hace falta una reforma legal que norme de mejor manera las compras públicas.

La reforma integral a la Ley de Contrataci­ón Pública, según conoció EXPRESO, ya pasó la mayoría de filtros del Ejecutivo y será presentada por el ministro Pablo Campana, en el primer trimestre de este año.

Vallejo precisó que otra de las medidas adoptadas para fomentar la transparen­cia es la reducción de la contrataci­ón mediante Régimen Especial, es decir, de manera directa y sin concursos públicos. El mecanismo, en el actual Gobierno, se utiliza menos. En 2018, el Régimen Especial representó el 23 % de los 7.000,6 millones de dólares adjudicado­s por compras públicas. En la era del expresiden­te Rafael Correa, ese procedimie­nto alcanzó hasta el 45 % de todos los contratos.

La reforma de ley también se enfoca en fomentar las compras públicas en Régimen Común. En esa categoría están, entre otros, las licitacion­es, concursos públicos, subastas y catálogos electrónic­os.

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