Organismos de control
Este año que hemos iniciado será el de la renovación de algunas importantes entidades públicas. Pero en el 2019, de acuerdo a las promesas que con tono firme nos dio Lenín en su mensaje al país hace pocos días, será también el de la recuperación de los cuantiosos fondos que se llevó la corrupción en la “década perdida”, con la consiguiente sanción para quienes usufructuaron dolosamente de los sagrados dineros del pueblo ecuatoriano.
En primer lugar se decidirá sobre la suerte del Cpccs que pudiera pasar de ser de transitorio a definitivo o, en caso contrario, desaparecer, ya que es un organismo que compite con ciertas funciones propias de la Legislatura. Y en cuanto al proceso para sancionar a los corruptos y dar con los fondos que se llevaron, resulta un tanto extraño que la fiscal general encargada afirme que no puede “seguir adelante” en esta tentativa por cuanto carece del personal necesario. Ello cuando precisamente de lo que adolece ese “ogro filantrópico” que es el Estado es de una burocracia excesiva. ¿Por qué no trasladar, entonces, a los que forman parte del exceso de personal oficial a la Fiscalía para que se cumpla sin demora el trabajo y la respuesta que todo el país espera con urgencia y que el propio primer mandatario ha prometido acelerar?
En cuanto a la Contraloría, el jueves pasado, después de una reunión mantenida por el Cpccs con el presidente de la República, se informó al país que este organismo de control, al que se trató de restarle sus competencias para reducirlo a un mínimo, no solo que cambiará de nombre, asumiendo el de Tribunal de Cuentas, sino que tendrá la particularidad de que ya no habrá solamente un responsable en su titularidad sino que cumplirá su labor a través de una acción colectiva con más de media docena de integrantes. Es decir que no se trata solamente de un simple cambio de nombre, como nos han acostumbrado con los organismos públicos (la actual Asamblea, por ejemplo, que antes se denominaba Congreso) sino que el cambio se hará estructuralmente. Y para confirmar su instalación podría convocarse a una consulta popular, posiblemente el mismo día en que se realicen las elecciones seccionales. ¿Se saldrá ganando con este cambio?
Es decir que no se trata solamente de un simple cambio de nombre, como nos han acostumbrado con los organismos públicos... sino que el cambio se hará estructuralmente’.