Participación pide vincular a Correa al caso de la Refinería
El Consejo cree que hay al menos cinco delitos ❚ El daño superaría los $ 1.200 millones
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST) llevó a la Fiscalía su tercera denuncia sobre la supuesta corrupción del gobierno de Rafael Correa.
A los señalamientos por presunta delincuencia organizada en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano y su hijo el asambleísta Mariano Zambrano Vera, y a las sospechas de irregularidades en la hidroeléctrica Manduriacu, se sumó ayer el caso Refinería del Pacífico.
Fue el propio presidente del transitorio, Julio César Trujillo, quien acudió a la Fiscalía para presentar el caso. El documento con las supuestas anomalías contiene 2.099 páginas de investigación impulsada por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Para Trujillo se trata “del más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Correa, los que lo fraguaron fueron sus colaboradores”.
Entre otros, el Consejo pide que se vincule a la investigación a Correa y a su exvicepresidente Jorge Glas (sentenciado a seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht). Pero no son los únicos en los que recaen las sospechas.
Participación cree que deben ser investigados el excontralor Carlos Pólit, por la neutralización de los mecanismos de control posterior. También el exministro y expresidente del directorio de la refinería Wilson Pástor, quien señaló a EXPRESO que su posición en el directorio fue contraria a la realización del movimiento de tierras sin financiamiento.
Recordó que la resolución del directorio se fundamentó en una recomendación de Worley Parsons. Otros mencionados son Pabel Muñoz, exdelegado del Senplades y actual asambleísta, así como exgerentes (titulares y encargados) de Petroecuador y de la refinería. La investigación para todos es como presuntos responsables del abuso de recursos públicos y actos de favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a Odebrecht.
Otros delitos que presume el Consejo es tráfico de influencias. En este caso las sospechas van para el exfiscal Galo Chiriboga, su subrogante Cecilia Armas, el exvicepresidente Glas, los jueces Marco Maldonado y Karen Matamoros, por el archivo de una denuncia que evidenció irregularidades y sobreprecios en la compra del terreno para la refinería.
Según Trujillo, solo en la adquisición del terreno se pagó más de 56 veces el valor del avalúo. Indicó que se habrían destinado 73 millones solo para licencias y más de 380 millones para consultorías. La secretaria de Transparencia, Marcela Estrella, reveló que el perjuicio en este caso superaría los 1.200 millones de dólares.
Estrella cree que otros ilícitos que se pudieron haber cometido en este caso son: tráfico de influencias, evasión tributaria, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado. La funcionaria, sin embargo, aclaró que son presunciones, no acusaciones.
Este Diario consultó al exfiscal Chiriboga y al asambleísta Muñoz. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
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