En control, la labor previa dejó un precedente negativo
Las críticas a las autoridades de control fueron masivas desde que el Consejo de Participación abrió sus puertas ❚ Por esa vía se filtró la corrupción
Es la actividad más cuestionada que dejó el Consejo de Participación Ciudadana durante el régimen del expresidente Rafael Correa. Los funcionarios electos para dirigir las entidades de control y transparencia tuvieron una cuestionable cercanía con el Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana.
Lo dicho se sustenta en los informes que elaboró el Consejo de Participación Ciudadana transitorio durante el año pasado. Entidades como la Contraloría, la Fiscalía General y las superintendencias estuvieron ocupadas por personajes que, a los ojos de los consejeros temporales, tenían una relación estrecha con el correísmo.
Las designaciones de Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno como fiscales generales son un ejemplo. Sus nombramientos encendieron alarmas porque desde el inicio contaron con el apoyo del Ejecutivo. Los dos ciudadanos estuvieron vinculados directamente con Rafael Correa e incluso fueron parte activa de Alianza PAIS.
Chiriboga, antes de ser el fiscal que supuestamente investigó los casos de Odebrecht sin obtener ningún dato concreto, fue ministro de Correa y hasta precandidato a la Alcaldía de Quito. A él se le debe la repotenciación inicial de la Refinería de Esmeraldas. Esa obra y su gestión en la Fiscalía General estuvieron plagadas de irregularidades.
Baca Mancheno, en cambio, fue consejero personal de Rafael Correa antes de ser electo (con puntuación casi perfecta) fiscal general. Menos de un año después de su nombramiento, Baca fue destituido por la filtración de un audio que involucraba al asambleísta de Alianza PAIS José Serrano.
Los dos funcionarios tuvieron en sus manos la investigación de casos de corrupción que salpicaron a autoridades gubernamentales, pero no se encarceló a ningún integrante de la administración correísta.
En la lista de ejemplos también está la Superintendencia de Comunicación (Supercom). La entidad fue creada por Correa para controlar a los medios, y su autoridad mostró su afinidad y afecto por el expresidente desde el inicio de su gestión e incluso antes. Carlos Ochoa, que dirigió un canal administrado por el Gobierno, es prófugo de la justicia por falsificación de documentos.
De los casos de mala gestión para la asignación de autoridades se destaca, además, la Contraloría General. El Consejo de Participación Ciudadana reeligió, en más de una ocasión, a Carlos Pólit. ¿El resultado? Las investigaciones por irregularidades nunca vieron la luz.
En Contraloría estaban represados cientos de informes en contra de ministros, secretarios, vicepresidentes y hasta del propio Correa. Pólit, que también es prófugo, ocultó los nombres y hasta participó en actividades ilícitas en la trama de coimas de la constructora brasileña Odebrecht.
Por eso, señalan expertos y exfuncionarios del Estado, es necesario que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana vigile con cuidado los procesos de selección. Claro que, explicaron a EXPRESO, deben respetarse los derechos.
Lo dicho responde a la aspiración que tuvo el Consejo transitorio de incorporar pruebas del polígrafo para la selección del fiscal general. Una propuesta que causó criterios divididos en la Asamblea Nacional y en otros organismos.
El asambleísta Héctor Muñoz, de SUMA, se opuso a la propuesta por considerarla alejada de los derechos de los concursantes. “Es una medida absolutamente innecesaria porque no garantiza nada. En algunos casos, medidas de este tipo han sido cuestionadas”, dijo.
Héctor Yépez, asambleísta de CREO, está en el bando contrario. Él considera que todos los funcionarios que elija el Consejo de Participación deberían someterse a pruebas de confianza para garantizar su gestión transparente.
En lo que coinciden es que el nuevo Consejo debe separar a los candidatos que respondan a un grupo de poder o a un movimiento político.
Espero que para la designación del fiscal se elija al mejor, con inteligencia y honestidad para este cargo. JULIO CÉSAR TRUJILLO, del Consejo de Participación transitorio Todos los integrantes del Estado, incluidos los asambleístas, deberían pasar por el polígrafo. HÉCTOR YÉPEZ, asambleísta de CREO