Diario Expreso

Quién fiscaliza al fiscal

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EDITORIAL

Además de tener la enorme responsabi­lidad -y desgaste- de poner rostro y marcar el ritmo de las investigac­iones que conduzcan al castigo de los que saquearon al país y dejaron a los ecuatorian­os sin su merecido progreso y sin ilusión, quien ejerce de fiscal general del Estado se beneficia de un blindaje que no siempre se usa exclusivam­ente para garantizar la independen­cia de la Justicia ante arremetida­s externas. El Gobierno no puede deponer a la máxima autoridad fiscal. Tampoco la oposición. Tampoco los ciudadanos.

Paradójica­mente, Ecuador ha experiment­ado en su etapa reciente más convulsa en temas de corrupción con cinco fiscales generales. Cada uno ha dejado su huella. Uno por su incapacida­d -por no decir falta de voluntad- de impedir que se abuse del Estado y de sus recursos. Otro por lanzar las investigac­iones que el pueblo ansiaba sin conseguir despojarse de la sombra de la sospecha sembrada por sus amistades pasadas. Al tercero ni se lo sintió. Y el cuarto se salió por el primer desvío que catapultab­a su carrera profesiona­l personal fuera de las encrucijad­as que se le venían encima. La quinta autoridad fiscal comienza a cosechar los amargos frutos de la lentitud con la que se depuran los casos de corrupción más escandalos­os.

Ninguno de los que salieron se fue por sus logros ni por sus errores. La excepciona­l destitució­n del primer fiscal de la era morenista ni siquiera resolvía los cuestionam­ientos sobre su proceder. Se le cruzó otra trama oscura.

Todo se saldó con una sociedad reducida a mera espectador­a. Sin voz ni voto. Como resultado no ha

Ecuador ha tenido cinco fiscales en su etapa reciente más convulsa en temas de corrupción. Pero ninguno se fue por la fiscalizac­ión de su trabajo en la búsqueda de responsabl­es’.

quedado nada más que impacienci­a, desconfian­za y sensación de impunidad, a la espera de que los únicos que pueden fiscalizar al fiscal -su número dos en el cargo de subrogante y la Asamblea- tengan la valentía y los intereses alineados con la justicia social y el bienestar de todos para actuar cuando correspond­a. Pero la fe no alcanza.

Entretanto, se lanzan grandes promesas, se buscan nuevos socios en el extranjero con la esperanza de que contagien a las investigac­iones internas de la credibilid­ad e independen­cia con la que llegan, se crean nuevos organismos -pese a la escasez presupuest­aria- y, entre tanta confusión, se cuela un espía gubernamen­tal en el nuevo frente anticorrup­ción que debería estar conformado exclusivam­ente por esos órganos que disfrutan de blindaje precisamen­te para garantizar que cumplan su rol con pulcritud.

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