Diario Expreso

¿Quién responde por lo que no se hizo?

- MARÍA JOSEFA CORONEL colaborado­res@granasa.com.ec

La lucha contra la corrupción como promesa de la mayoría de los políticos ya no convence fácilmente. El propósito evidente es el de asustar a la oposición, siendo esta, inclusive, la exaliada política. Dicho de otra manera, si mucho me molestas te meto preso.

La prensa, organizaci­ones civiles y personas naturales individual­mente considerad­as, han denunciado todo. No ha bastado la evidente e injustific­ada riqueza que emergió en los lapsos que los nuevos ricos han estado vinculados en la función pública. Todos, por ejemplo, saben cómo fulano de tal ahora vive en una mansión. Todos, por poner otro ejemplo, saben los nombres de los fiscales y jueces que no hicieron nada.

Entre funcionari­os públicos también se han hecho daño. Un ejemplo es el edificio del Consejo de la Judicatura de Guayaquil, en La Florida. Está mal construido. Las tan citadas escaleras exteriores no sirven para lo que fueron diseñadas. ¿Les importó a los exvocales del Consejo de la Judicatura ese peligro de muerte a sus compañeros en caso de incendio? Ni a los unos ni a los otros. Caminan campantes, tanto los que ordenaron la construcci­ón, como los que la hicieron y los que no sancionaro­n esas graves culpas.

El gobierno de Moreno, a través de su secretario Iván Granda, promete realizar una cacería seria y eficaz a los hechos corruptos. Se ha reunido con la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional contra la Corrupción para conversar sobre los temas comunes, sobre los espacios que les generan más preocupaci­ón o que evidencian más impunidad. Me imagino que también han compartido casos investigad­os.

Así también, el secretario Anticorrup­ción anuncia la conformaci­ón de una Comisión Internacio­nal de Expertos contra la Corrupción como una iniciativa gubernamen­tal para erradicar corrupción e impunidad.

Entonces, más allá de las buenas intencione­s que dan origen a la propuesta nueva de lucha anticorrup­ción, me pregunto si la ineficacia de la justicia, Fiscalía, Contralorí­a y Procuradur­ía quedará impune por no haber servido adecuadame­nte.

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