De concejales y otros
En Quito, un equipo de concejales liderado por Pedro Freire trabaja en simplificar las normativas y la burocracia que con ella viene.
Son muy buenas noticias porque la normativa de Quito es en extremo compleja. Hay concejales que afirman que esa complejidad es un patrimonio de Quito, que sus enredadas ordenanzas son parte de la historia de la ciudad y su acervo cultural.
Esta simplificación justificaría un recorte de la enorme nómina de la que Rodas hizo un amague de queja recién hace semanas (para luego desistir, como desistió a la mayor parte de sus ofertas). Debería la codificación también ubicar en su lugar dentro de la Ley a funcionarios y concejales.
El concejo de Quito sigue, por oposición a la mayor parte de municipios del país, aprobando proyectos urbanísticos, a pesar que la ley le quitó esa competencia en 2009. Fue con la entrada en vigencia del Cootad que ese trabajo quedó incontrovertiblemente reservado a los funcionarios del ejecutivo municipal. Pero en contra de norma expresa y de varios dictámenes del Procurador del Estado, los concejales de Quito no solo siguen aprobando proyectos, sino que además han ampliado sus competencias al respecto, para juntar bajo el sofisma de “proyectos especiales” a la vez la aprobación (tarea ejecutiva) y el cambio de normas que viabilicen esa aprobación (tarea legislativa). El ejemplo perfecto de juez y parte.
El sistema de catastros del municipio también está colapsado, lo que se evidencia cada dos años cuando se actualizan los avalúos y la cantidad de errores obliga a los ciudadanos a reclamar: gente que pagaba USD 50 recibe liquidaciones de USD 5.000 luego del reavalúo
El sistema de catastros del municipio también está colapsado’.