Aventura electoral
Sin mayor análisis el actual presidente de la República propuso cambiar la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos por votación popular, ubicando el problema en su designación indirecta, olvidando buscar otro mecanismo que priorizase méritos y probidad de sus miembros, que impidiese el sometimiento al que fue reducido el organismo por el anterior gobierno, poniendo bajo su dependencia a los funcionarios de las entidades de control y evitando ser juzgado por el uso de recursos públicos y/o por cualquier infracción legal que pudiera generarle algún tipo de enjuiciamiento o sanción.
La poco acertada propuesta presidencial coloca al país frente a una aventura electoral, obligando al votante con escaso o nulo conocimiento de la trayectoria y méritos de los 43 aspirantes, a escoger 3 hombres, 3 mujeres y 1 representante de minorías étnicas. No se escuchó el pedido del probo y experimentado presidente del actual Consejo, Dr. Julio César Trujillo, que planteó eliminar el organismo o alternativamente limitar sus atribuciones a promover la participación ciudadana y a contribuir en la lucha contra una corrupción que ha penetrado los más amplios tejidos de la sociedad ecuatoriana, especialmente al sector público.
El presidente Moreno no debe descartar una reforma o enmienda constitucional, previo dictamen de la Corte Constitucional. Por lealtad con el honorable presidente del Cpccs transitorio, que ha enfrentado resueltamente los abusos e incorrecciones del anterior gobierno, deben protegerse sus decisiones,
La poco acertada propuesta presidencial coloca al país frente a una aventura electoral, obligando al votante a escoger con escaso o nulo conocimiento de la trayectoria y méritos de los 43 aspirantes’.
en prevención de que los nuevos consejeros, prevalidos de su elección popular, pretendan deshacer lo hecho por el Consejo transitorio, con lo cual se incrementará la inseguridad jurídica y la inestabilidad política del país.
Nada justifica obligar al ciudadano a votar sin ningún tipo de convicción por candidatos espontáneos, cuyos atributos no cuestiono, pero es poco probable acertar votando al apuro y sin mayor reflexión, en un evento donde la principal preocupación está centrada en las autoridades seccionales.