Diario Expreso

Una buena oportunida­d

- Colaborado­res@granasa.com.ec

El control de la administra­ción pública debe convertirs­e en una política de Estado. Un paso importante para que ello ocurra fue el seminario internacio­nal Tribunal de Cuentas y Control Público, realizado en Quito el 21 y el 22 de febrero, organizado por la Contralorí­a General del Estado, con el apoyo del BID y de la Universida­d Andina Simón Bolívar. Concurrier­on representa­ntes de organismos de control de varios países, como Francia, Argentina, Italia, México, España y personalid­ades de los sectores público y privado del Ecuador.

En esta oportunida­d, el procurador general subrogante Pablo Celi explicó, de manera detallada, su proyecto para la creación del Tribunal de Cuentas del Estado, a partir de la constataci­ón de nudos críticos que han caracteriz­ado las condicione­s de evolución histórica de ese organismo técnico de control desde su creación hasta el momento actual, y de la observació­n de los interesant­es resultados que se han logrado en otros países que han adoptado estructura­s modernas para velar por el buen uso de los recursos públicos y por la correcta aplicación de los programas y el cumplimien­to de los objetivos institucio­nales. En esa línea, planteó la necesidad de instancias con programas específico­s pero complement­arios que cubran las acciones de investigac­ión, juzgamient­o y recuperaci­ón de valores, en caso de que estos hayan sido desviados de sus verdaderas finalidade­s.

Esta nueva modalidad de control se encaminarí­a a asegurar los principios de autonomía e independen­cia en sus funciones y la presencia de condicione­s profesiona­les y técnicas, exentas de condiciona­mientos políticos o personales. Se trata de la vigencia de una entidad, la Contralorí­a General del Estado, como Tribunal de Cuentas integrado por siete “ministros auditores” y, en ese sentido, instrument­o de garantía para evitar la imposición de prácticas concentrad­oras y centraliza­doras de poder y decisión.

Es una propuesta coherente, probada en otras experienci­as nacionales y que apunta a una transforma­ción institucio­nal verdadera.

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