Una pelea que parquea en la Corte Constitucional

Jorge Sosa asegura ser el único abogado en Guayaquil que ha entregado, junto al activista político Félix Pilco, una acción de protección contra la ATM ante la Corte Provincial del Guayas, por el cobro de las multas a través de ordenanzas municipales. La acción fue negada en dos ocasiones.

Ante eso, Sosa presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Exige allí que la ATM cumpla en calcular las multas de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, y que, en contraste, aquello se haga acorde a la realidad del ecuatoriano.

Sosa precisa que hay sanciones y normas, en cuanto a infracciones en el tránsito, como exceso de velocidad, pasarse la luz roja del semáforo, no colocarse cinturón de seguridad y otras, que ya están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre; y que por lo tanto están por encima de las ordenanzas que los cabildos puedan desarrollar ante el tema.

“Existen infracciones como invadir carril, cuya multa dictada en el COIP es mucho menor que la que establece la ordenanza, que señala el pago del 100 % de un salario unificado”. Ante esto, propuso que el Municipio siga calculando las multas de acuerdo con lo que establece la ley.

“Que se abstenga de crear nuevos tipos penales y multas a través de ordenanzas y que para el cálculo de las ordenanzas se tome en cuenta que siempre es una fracción de la remuneración unificada y que jamás una multa puede ser del 100 % o del 150 %”, argumenta.

Además, el constitucionalista no solo critica la posición del Municipio en cuanto a las multas, sino también de la ATM. “Andrés Roche tiene una idea errada de que la ATM es una especie de papá o de maestro que nos enseña cómo comportarnos”, dice, destacando que en la legislación ecuatoriana las multas no son disuasivas, sino proporcionales a la infracción.