Girón, el pueblo que se enfrentó a la minería
La consulta popular del domingo definirá la continuidad de la explotación ❚ El referéndum se frenó legalmente dos veces
Un delgado cartel cuelga de la puerta de entrada del restaurante de Manuel Criollo. Es la imagen del papa Francisco, sosteniendo una camiseta cuyo eslogan reza ‘El agua vale más que el oro’. También contiene otra frase, una que con los años se ha convertido en el grito de guerra de este pueblo: ‘Por Quimsacocha, Girón vota no’.
El hombre mira con orgullo su cartel. “Tenemos quince años intentando defender nuestra agua y nuestra tierra de la minería”. No es el único. En esta pequeña localidad de 12.000 personas, ubicada a media hora de Cuenca, en Azuay, las pancartas promocionando el ‘no’ a la minería metálica cuelgan de balcones y paredes.
El domingo, este poblado se pronunciará en una papeleta adicional a las elecciones seccionales, donde deberán determinar si el proyecto minero Loma Larga, entregado a la empresa canadiense INV Metals y que se lleva a cabo en la reserva Quimsacocha, tierra comunitaria de la región, continúa.
Pero el proceso para llegar hasta esta consulta ha sido largo y fraguado por trabas legales. La más reciente, una medida cautelar interpuesta la semana pasada por el colectivo Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando, y que fue aceptada por un juez en Quito. Durante varios días, parecía el fin del referéndum hasta que, el pasado viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó la destitución del juez y un pronunciamiento al Tribunal Contencioso Electoral que dio paso, nuevamente, a la consulta. En febrero, en cambio, otro pedido de medidas cautelares, interpuesto con este mismo fin, por el Ministerio de Energía y Minas fue desestimado.
“De darse la consulta, se sentaría un precedente importante para las nuevas inversiones mineras en el país (…) no cabe avanzar con una consulta local que afecta a un sector estratégico nacional”, indicó ayer Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Este agregó que el cese de actividades de explotación también afectaría el desarrollo del empleo en el sector.
Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, fue más directo. “Se perderán $ 700 millones tras esa consulta”, indicó. Añadió que, pese a la reticencia del pueblo, los recursos recaudados por el concepto de la minería deben primar. “El Estado es dueño absoluto de los recur- sos naturales no renovables, y nos pertenece a todos. El hecho de hacer una consulta popular a un grupo de 15.000 personas versus 17 millones, plantea una posible violación de derechos”. Ayer, la Corte Constitucional archivó causa sobre la consulta, determinado que esta sí se llevará adelante.
Rosita Quinche también tiene uno de los populares carteles en su despensa. Expresa pesar con los mineros que quedarán sin prospectos de trabajo en caso de ganar la consulta, pero considera que el respeto por la decisión de los residentes es primero. “Tuvimos una consulta local en 2011 y dijimos que no queríamos minería, pero el Gobierno no nos hizo caso. Ahora nos tienen que escuchar. El agua es nuestra”, subrayó. Agregó que en el pueblo, no hay temor ante una derrota en las urnas, pero sí ante la posibilidad de que el Estado no respete los resultados.
Al respecto, Yaku Pérez, presidente de la confederación Ecuarunari y candidato a la Prefectura del Azuay (Pachakutik), concede que las dudas tienen bases, sobre todo cuando el Ministerio de Energía y Minas ha promovido algunas de las impugnaciones al proceso.
“Durante seis años, el CNE no trató nuestro pedido de consulta, hasta que finalmente la aprobó. Ha sido un desafío de David contra Goliat. Lo que cabe recalcar es que la consulta es legítima y vinculante, el Estado, así no le guste el resultado, tendrá que respetarla”, acentuó.
Con él concordó el exasambleísta Esteban Bernal (CREO), también candidato a la Prefectura de Azuay. “El CNE hizo lo correcto. Un juez no puede echar abajo un proceso electoral, peor este, por el que se vino luchando tantos años. La consulta es la voz del pueblo, si se trata de evitar que se cumpla, usaremos todas las herramientas jurídicas que podamos, entre esas el juicio político”.
LA PUGNA Debemos seguir trabajando por una minería responsable, respetuosa de las comunidades, pero no cabe avanzar con una consulta local que afecta a un sector estratégico de interés nacional.
En lo que tienen razón el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador y el viceministro de Minas es que, de ganar la consulta, el triunfo sentará un precedente y tendrá repercusiones inmediatas. Y es que días antes del referéndum, activistas ya tienen en mente promover referendums en recintos aledaños, como San Fernando, Íntag, Portete y Tarqui. “Quimsacocha es parte de varios cantones, y ahí vamos a trabajar. Este es un primer paso para llegar a un Azuay totalmente libre de minería metálica”, añadió Pérez.