Indemnización Odebrecht
Un tribunal arbitral en Bogotá acaba de declarar, este 6 de agosto, la nulidad absoluta del contrato de concesión para el proyecto Ruta del Sol (sector 2), firmado el 14 de enero de 2010 por el gobierno colombiano. La nulidad es por “objeto ilícito”, por haber sido obtenido mediante el pago de sobornos.
Respecto de ese mismo asunto, el 6 de diciembre de 2018 un tribunal judicial en Bogotá ya había considerado probados los “hechos de corrupción para la adjudicación, ejecución y modificación” de ese contrato, declarando solidariamente responsables de los daños no solo a quienes recibieron o aprobaron el pago de coimas (funcionarios y particulares) sino también a la contratista
(Odebrecht y dos firmas colombianas, una de ellas parte del principal conglomerado empresarial, el Grupo Sarmiento).
Recuerdo entonces dos cosas, a propósito de los anuncios recientes de las autoridades ecuatorianas sobre un posible acuerdo indemnizatorio con Odebrecht por los daños que causó localmente. Primero, que es plausible que el actual procurador del Estado haya abandonado la alcahueta tesis de su antecesor de que esos daños tan solo equivalen a la coima, con la que benefició al “compañero” Glas. Y segundo, que los jueces colombianos sentaron un precedente: los daños a indemnizar incluyen los derivados de la violación de los derechos colectivos a la (i) moralidad administrativa, (ii) defensa del patrimonio público, (iii) acceso a los servicios públicos con prestación eficiente y oportuna, y (iv) libre competencia económica.
Teniendo en cuenta todos esos daños, la condena a pagar es USD 252 millones, habiendo las coimas sido de USD 11 millones, pues se agregó, entre otros rubros, el mayor precio del contrato (comparado con el ofrecido por los competidores), y “la mora en la entrega de la vía en un nivel 3G”, que comprende los perjuicios generales causados a la economía por no poder contar en el tiempo esperado con la obra.
Un recordatorio final, para quienes se oponen a toda costa a un acuerdo: hasta la fecha la sentencia colombiana no ha podido ser cobrada.
Teniendo en cuenta todos esos daños, la condena a pagar es USD 252 millones, habiendo las coimas sido de USD 11 millones, pues se agregó, entre otros rubros, el mayor precio del contrato’.