El retorno de Odebrecht
✑ EDUARDO CARMIGNIANI
Está muy claro ya lo inaceptable de la alcahueta tesis de que los daños al Estado por contratos corruptos dizque son solo la coima. El asunto ahora es cómo calcularlos apropiadamente.
Como he recordado varias veces, una reciente sentencia colombiana, del 6 de diciembre de 2018, puede servir de guía: calculó los daños incluyendo no solo el valor de la coima sino también el mayor precio del contrato (comparado con el ofrecido por los competidores), y “la mora en la entrega de la vía en un nivel 3G, que comprende los perjuicios generales causados a la economía por no poder contar en el tiempo esperado con la obra”. La condena fue de USD 252 millones, habiendo la coima sido de USD 11 millones.
Según el anuncio de las actuales autoridades a cargo del asunto, una línea similar estaría guiando las negociaciones que se adelanta con Odebrecht para un eventual acuerdo extrajudicial de reparación al Estado, cuyo monto tendrán que explicar bien en su momento. No hay que anticiparse con lucubraciones fantasiosas.
Más allá del monto, el verdadero tema crucial es si uno de los puntos de la transacción con Odebrecht puede ser permitirle volver a participar en licitaciones. Quienes se oponen argumentan que debe castigarse a quien ganó negocios con el Estado con prácticas corruptas, impidiéndole perpetuamente volver a contratar. Según esa tesis, si Odebrecht condiciona el acuerdo a poder “regresar” al Ecuador, sería preferible no firmarlo y más bien litigar en las cortes para obtener sentencias que manden a pagar las indemnizaciones apropiadas.
Pero una cosa es conseguir sentencias, y otra muy distinta cobrarlas. Para esto hay que ubicar activos en el exterior (en el Ecuador casi no los tendría) y embargarlos en cada lugar en que estén ubicados. Además, competir con otros acreedores. En fin, el riesgo de una linda pero inejecutable sentencia.
Un acuerdo pragmático con Odebrecht que incluya “retorno” requeriría de mucho coraje de las autoridades, para enfrentar críticas honestas y también de las otras. La aprobación tendría que ser por consulta popular.
Un acuerdo pragmático con Odebrecht que incluya “retorno” requeriría de mucho coraje de las autoridades, para enfrentar críticas honestas y también de las otras’.