“El fin del examen siempre es el mismo: cambiar a los jueces”
María Rosa Merchán, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, cree que la Judicatura quiere exponer a los magistrados al escrutinio público para sacarlos. Sospecha que hay un fin político.
Alos jueces de la Corte Nacional no les molesta ser evaluados; les incomoda el mecanismo del Consejo de la Judicatura. María Rosa Merchán, presidenta subrogante del organismo, explica a EXPRESO su posición.
− La evaluación ha generado fricciones entre el Consejo de la Judicatura y la Corte. ¿Cuál es el malestar?
− No sé si hablar de fricciones. Malestar sí. ¿La razón? La evaluación pretende ir más allá de las facultades propias del órgano evaluador, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es una evaluación de desempeño? La evaluación del trabajo realizado, en este caso por jueces y conjueces. El Consejo, aparte de evaluar pretende someter a los jueces a un examen oral.
− ¿Por qué?
− Porque quiere llevar a los jueces a que en un acto público, ante los evaluadores, con asistencia de los medios, comparezcan a defender su decisión, ello pone en riesgo la seguridad jurídica, y el principio de legalidad del que están revestidas las sentencias ejecutoriadas.
− ¿Por qué un riesgo?
− Porque se va a exponer a la vindicta pública una sentencia revestida con la autoridad de cosa juzgada. Lo que realmente me preocupa, a mí y a los jueces especialmente a los de carrera, es la institución en la cual somos pasajeros y la injerencia en la administración de justicia. En 40 años en la Función Judicial, las reorganizaciones se han dado todo el tiempo. He pasado por ellas desde que fui conserje, secretaria y jueza; siempre los cambios responden a motivos políticos. Entendíamos que con la vigencia de la Constitución y el acceso al cargo por concurso, aquello terminó pero vemos que continúa, antes con mecanismos diversos pero siempre alegando lucha contra la corrupción. El fin, el mismo: cambiar jueces.
− Sortearon doce fallos. ¿Dónde entra el escrutinio público?
− Es una fase diferente, las 12 sentencias serán objeto de análisis para la valoración sobre 65 puntos. Al escrutinio público se someterá una sentencia diferente de las sorteadas, ella es la evaluación que da 15 puntos a la defensa oral ante los evaluadores, sin que sepamos a ciencia cierta cómo va a estar estructurado el tribunal que nos examinará, cuya calificación resulta absolutamente subjetiva, similar al que tuvimos que pasar para ingresar al cargo actual. Seguro que si nos evalúan quienes ganaron la causa la nota sería la máxima, pero si lo hacen quienes la perdieron sería 0. Los evaluadores nos calificarán según su criterio y formación, incluso desde su posición política.
− ¿Les molesta ser evaluados o es el mecanismo?
− No. Hemos sido evaluados en instancias inferiores y en la Corte Nacional en 2014, en aplicación de la transitoria 23 de la Constitución de 2008 que prevé la renovación parcial de la primera Corte por tercios, cada tres años, previa la evaluación para establecer que cesarán en funciones. Nos molestan los mecanismos y el riesgo que significa, no solo para nosotros sino para la sociedad, el hecho que se revisen públicamente, las sentencias y que los jueces debamos comparecer a defenderlas. Cierto que ello no puede cambiar las sentencias que tienen el carácter de ejecutoriadas y son inamovibles, pero al involucrado en el proceso, si la sentencia obtiene mala
puntuación, le ponen a discutir ante el tribunal y si este decide que la jueza no sabía lo que estaba resolviendo y le ponen mala nota daría lugar a posibles reclamos contra el Estado con apreciaciones subjetivas, de un tribunal que resulta especial, lo que está prohibido por la Constitución.
− Pero no es ilógico que si las sentencias las emite un tribunal un solo juez defienda los fallos?
− Sí, porque si bien el tribunal tiene un ponente, el fallo lo estructuramos los tres, discutimos, tiene aportes de todos, partes en las que debe haber un consenso para sacar un voto de mayoría y establecer una decisión.
− ¿Se acordará de su aporte?
− Sobre todo en mi caso que llevo 33 años haciendo sentencias, porque estoy en la Función Judicial como 40, pero de jueza 33, es como paradójico. En mi vida profesional, cuando era jueza de primera instancia, la sentencia la revisaban los jueces de segunda. Cuando estaba en segunda, la Corte Suprema revisaba los fallos y nunca he tenido un llamado de atención por las sentencias. Puedo contar con los dedos las sentencias que me han reformado, pero ahora resulta que van a poner a un grupo de abogados, con excepción de la doctora Yépez, que jamás han dictado sentencias.
− ¿Quiénes deberían estar en el tribunal? ¿Exjueces?
− Claro. Sería más técnico. Y si quieren evaluar las sentencias hagan una revisión técnica y eso está bien. Pero por qué hacer acto público. Si el Consejo quiere hacer una labor saludable para la administración de justicia debería haber buscado otros mecanismos.
− La terna para escoger a la presidenta del Consejo vino de ustedes y, por tanto, son responsables de a quien se eligió.
− Así es. Esperábamos que la doctora Maldonado cumpliera con el rol que la Constitución y la ley le asignan: delegada de la presidenta de la Corte en la Judicatura; esa era nuestra aspiración.
− ¿Se ha convertido en un verdugo de ustedes?
− Sí.
− Esperaban que cumpla un papel distinto al que ha asumido?
− Uno distinto. Sí, la evaluación sí, porque todos los funcionarios públicos estamos obligados a dar cuentas a la sociedad de lo que hacemos y de nuestras decisiones, pero ese objetivo de evaluación no debe dejar de lado el propósito establecido en la Constitución y en el Código Orgánico: mejorar el servicio de administración de justicia y para los jueces de carrera cuando no pasan la segunda evaluación a la que tienen derecho sí ser separados.
− La Corte ha tenido pronunciamientos limitados, aislados.
− Debíamos haber defendido todos la institucionalidad.
− No han pensado en rebelarse y no acudir al examen.
− Lo hemos pensado. Les he dicho a los compañeros que como jueces nacionales no nos pueden sentar a que abogados nos tomen un examen.
− Y también por los prejuicios con los que dice que llegan.
− Claro, pero no por la vanidad personal, sino porque un juez nacional representa al máximo órgano de administración de justicia. Entonces: ¿quién está en capacidad de calificar las actuaciones del máximo órgano de administración de justicia? Recuerde nuestra realidad, cómo sacaron a las otras cortes.
− La Judicatura los invitó a la socialización de los parámetros de evaluación. Ustedes no fueron.
− Nos llamaron la víspera, vengan, vamos a socializar. Quién iba a ir, todos teníamos audiencias. Y nos iban a recibir en el hall del Consejo para pasar en las pantallas la socialización.
− En el desarrollo del proceso la Judicatura ha hecho enmiendas.
− Ese es el problema, el Consejo acomoda sus decisiones, a como se le presenten las cosas. Nos quejamos porque encargaron la evaluación a un comité ajeno a la institución y resulta que en contra de lo que dice su reglamento, ahora es comité de apoyo.
− En la Corte se resolvieron fallos políticamente y hay jueces identificados con el correísmo.
− Los jueces no somos afiliados a partidos, no debemos pertenecer a ninguno, pero la inclinación de cada juez es de su yo interior. No pueden evaluar a un juez por su inclinación a un partido político.
La independencia es el resultado de la actuación de cada juez. Toda la vida ha habido interferencias. Olvidamos que con León la Corte fue cercada por tanques.
Ahora varían los métodos que usan para deshacerse de los jueces. Al poder político le interesa tener jueces que respondan a sus intereses.
Se debe evaluar de forma técnica las razones del fallo con independencia de a quien favorezca. Uno ni se entera de dónde vienen los juicios.